Cuando en los juzgados de Burgos todavía no saben cuándo se van a recuperar del impacto provocado por la huelga de letrados de la administración de Justicia, los funcionarios convocan su propio paro indefinido a partir del 17 de abril, lo que amenaza con colapsar todavía más los tribunales de la provincia. Los representantes sindicales de tramitadores, gestores procesales y auxiliares judiciales exigen al Ministerio subidas salariales proporcionalmente equivalentes a las que han logrado sus 'jefes', los antiguos secretarios. Éstos han conseguido un aumento medio de sueldo de 450 euros mensuales, de manera que los funcionarios reclaman por lo menos un incremento de unos 250 euros, si bien aún no han puesto cifras sobre la mesa. 

Alberto Arroyo, presidente de la Junta de Personal de la administración de Justicia en Burgos, calcula que en la provincia están llamados a los paros unas 550 empleados públicos de los siete partidos judiciales. La huelga comenzará el lunes 17 de abril con paros parciales de 10,00 a 13,00 horas todos los días de forma indefinida. El 19 de abril se convocará huelga general durante toda la jornada y una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12,00 horas.

La convocatoria de huelga, explica el propio Arroyo, se produce después de que el Ministerio manifestase el viernes una nula voluntad de presentar una oferta de subida salarial «en reconocimiento de las funciones» que estos empleados públicos llevan a cabo a diario en los juzgados. Se quejan de que «las tareas» que dicen haber asumido los letrados de la Administración de Justicia en realidad las llevan a cabo ellos, de tal manera que, en su opinión, se merecen «un aumento de sueldo acorde a la subida» decretada para los antiguos secretarios judiciales.

Los tramitadores, gestores y auxiliares están muy enfadados con los letrados de la Administración, porque «éstos han negociado por su cuenta unas mayores retribuciones» sin haber incluido en las negociaciones a los funcionarios, cuando éstos sí lucharon por sus mejoras «hace años, cuando el Ministerio cedió con el complemento específico».

Los convocantes también están en contra de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa, que se está tramitando sin haberse reunido con los funcionarios para nada. Esta nueva norma, aún no aprobada, incluye la regulación de los puestos de trabajo, retribuciones, movilidad y funciones en «unas condiciones lesivas» para los intereses de estos empleados públicos, según señalan.

Este anuncio de huelga no puede llegar en peor momento, ya que el paro de los letrados de Justicia ha provocado la suspensión de un gran número de juicios que no se van a poder celebrar hasta el próximo ejercicio.