La última sentencia sobre el conocido como Caso Proincove, que condena al Ayuntamiento de Aranda al pago de cerca de 7,2 millones de euros por la supuesta ocupación irregular de unos terrenos junto al Arandilla propiedad de la constructora de ese nombre cuando se ejecutó el proyecto de recuperación de las riberas de los ríos, ha conseguido que los grupos municipales se olviden de rencillas y enfrentamientos políticos y opten por aunar esfuerzos para intentar evitar o, cuando menos, minimizar las consecuencias de un desembolso económico que dejaría hipotecado el presupuesto municipal para el próximo lustro. Representantes de todos los grupos políticos acordaron ayer en la junta de portavoces convocada por la alcaldesa de Aranda, Raquel González, agotar la vía judicial y llevar hasta las últimas instancias los tres frentes que en relación con este caso tiene abiertos ahora mismo en los tribunales.
Esta decisión no está exenta de riesgo ya que si los pronunciamientos definitivos de los tribunales siguen siendo contrarios al Ayuntamiento de Aranda, la cantidad a abonar se incrementará de forma considerable pues habrá que sumar a los más de siete millones fijados por el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León los intereses de demora generados por el retraso en pagar. En este sentido, cabe recordar que en estos momentos el 4% de recargo que imponen los juzgados en concepto de intereses moratorios suponen un incremento mensual de la cantidad a abonar de casi 17.000 euros y que algunos procesos, como un recurso de casación, están tardando de media tres años en resolverse.
RAZONES DE FORMA Y FONDO. En su adopción ha pesado el parecer de los tres letrados que estuvieron presentes ayer en la junta de portavoces, el secretario municipal, el letrado oficial mayor y el abogado burgalés que se contrató para hacerse cargo del caso después de que se optara por llevarlo a la vía judicial. Los tres habrían coincidido en que existen razones tanto de forma como de fondo para recurrir el proceso y que justificarían una resolución favorable al Ayuntamiento.
Aunque se ha optado por dar los menos datos posibles para no poner sobre aviso a la parte contraria, DB ha podido saber que entre ellos se encontraría la inadecuada cualificación de la persona que se encargó de realizar la valoración por parte del Ayuntamiento, que pertenecería al personal laboral y no al funcionario, las irregularidades existentes en relación a estas parcelas en el Plan General de Ordenación Urbana o, incluso, el exceso de superficie valorada respecto a la que se ocupó.
De esta forma, el Ayuntamiento recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que no solo elevaba hasta casi 4,27 millones de euros el valor de los terrenos ocupados, sino que además imponía un recargo del 25% por la actuación irregular del Consistorio, al intervenir en ellos sin haberlos expropiado previamente, y retrotraía hasta febrero de 2005 el periodo para el cálculo de intereses, atendiendo a que fue entonces cuando la empresa, Proincove SL, advirtió al Ayuntamiento de que estaba actuando en unos terrenos de su propiedad y pidió una solución para la situación. Un trámite para el que dispone únicamente de diez días, por lo que deberá iniciarlo antes del próximo jueves.
Paralelamente, seguirá adelante con el recurso presentada después de que la Junta rechazara revisar de oficio los dictámenes de la Comisión Territorial de Valoración (CTV) en los que se estableció en 4,017 millones de euros el coste de los terrenos. En este caso, las pretensiones municipales pasan por que la Administración regional declare nulas de pleno derecho los dictámenes de la CTV o, subsidiariamente, retrograiga las actuaciones al momento en que debió de haberse solicitado al Consistorio la formulación de la hoja de aprecio o, como tercera opción, y también de forma subsidiaria, fije el precio en los 363.714,72 euros en que lo sitúan sendos informes elaborados por técnicos municipales y de un servicio de tasación externo.
Por último, también los tribunales dirimirán la posibilidad de recurrir a la dación en pago por la que el Ayuntamiento procedería a saldar su deuda -especialmente teniendo en cuenta que la constructora ha reclamado ya el pago, por lo menos, de los 4,017 millones de euros que, a su juicio ya están consolidados ya que no se recurrieron en ningún momento- mediante la cesión de parte de su patrimonio, sin que aún se ha determinado cuál se vería afectado.