Las administraciones públicas de Castilla y León invirtieron 1,31 millones de euros para salvaguardar su ciberseguridad durante la primera mitad de este año, una cifra que solo supone el 1,6 por ciento del total nacional, que alcanzó los 81,04 millones mediante un total de 300 adjudicaciones.

Delitos como el phishing, robo de tarjetas, hackeos, suplantación de identidad, amenazas, coacciones e interferencia de datos y sistemas son algunos de los delitos cibernéticos con los que la sociedad del siglo XXI se ha familiarizado tras la eclosión de la digitalización. Con el propósito de reducir su impacto y daño, las administraciones se han visto obligados a realizar inversiones millonarias en un espacio que antes no requería de tanta atención, pero en el que los expertos consideran que todas las administraciones deben mejorar dada la capacidad y el margen existente.

La práctica totalidad de esta cifra nacional, 80,08 millones, se invirtieron mediante los diferentes procesos de contratación, mientras que el resto, 148.560 euros, se lograron mediante compras centralizadas a través de los Acuerdos Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

La cifra total alcanzada supone el 2,06 por cinto sobre la inversión total del primer semestre. Adicionalmente, la baja ponderada de las adjudicaciones asciende a 37,88 por ciento. Existe una previsión de crecimiento para los seis meses restantes del año, según el informe de Inversión en Ciberseguridad elaborado por la consultora Adjudicaciones y Licitaciones TIC, dado que las administraciones públicas "son cada vez más conscientes de la necesidad que existe en lo que respecta a la protección de sus sistemas".

Si se atiende al tipo de administración que ejecuta las inversiones, en estos seis primeros meses es el Gobierno central el que encabeza la cifra, con 44,78 millones de euros invertidos mediante 72 contratos, tanto en inversiones por licitación abierta (44,78 millones) como por compras centralizadas (148.560 euros). La inversión total por parte de las autonomías supone el 28,94 por ciento del total invertido en el periodo de estudio, con 23,45 millones. El informe constara que en esta ocasión las inversiones "se han visto afectadas por el periodo electoral", dado que durante los meses de mayo y junio la cifra de inversión ha disminuido respecto del mismo periodo año pasado, lo que repercute en la cuantía total. En cuanto a las entidades locales, han significado el 15,8 por ciento total, con 12,8 millones y 135 contratos.

Durante el semestre, las comunidades autónomas (incluidas las entidades locales correspondientes) que más invirtieron fueron Cataluña (9,07 millones), Madrid (5,48), Aragón (4,53 millones) y Valencia (4,47). Entre las tres suman un tercio de la inversión total del país).

En esta ocasión no existen proyectos concretos destacados en Castilla y León, sino que más bien son generalistas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, fue uno de los organismos que realizaron las mayores inversiones entre enero y junio, con algo más de cuatro millones para proyectos desarrollados en diferentes puntos de la geografía española.

Aumento significativo

El director de Consultoría de Adjudicaciones y Licitaciones TIC, Carlos Canitrot, sostuvo que las inversiones en ciberseguridad en este periodo han experimentado un "aumento significativo" debido al creciente reconocimiento de los riesgos asociados con las amenazas cibernéticas.

"A medida que la tecnología continúa avanzando y más organizaciones dependen de sistemas digitales para operar, la protección de los activos digitales se ha vuelto más crucial que nunca. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para empresas de todos los tamaños y sectores, así como para los gobiernos y las organizaciones", defendió.

Si se comparan las cifras de inversión del mismo periodo de estudio del año anterior, estas han incrementado en siete puntos porcentuales, alrededor de ocho millones. El aumento en los presupuestos de ciberseguridad, las tecnologías emergentes, la protección de la nube, de dispositivos móviles e IoT y el fortalecimiento de la formación y concienciación en el ámbito de la seguridad (incluyendo GDPR) son algunos aspectos destacados de las inversiones en ciberseguridad este año.