No va a tener ninguna consecuencia práctica ni legal, pero la detección de una nueva irregularidad -denunciada también por el PP- en la Gerencia de Cultura dice muy poco de quienes gestionan este importante área municipal. Los propios servicios jurídicos de este ente reconocen en la contestación al recurso de los populares que el pliego de cláusulas administrativas que rigió el contrato de patrocinio contenía una ilegalidad al incluir que «su ejecución podría iniciarse sin su previa formalización».
La Gerencia incorporó esta condición a sabiendas de que la resolución del procedimiento negociado sin publicidad para conceder al Comité de Folclore Ciudad de Burgos la organización del evento no se iba a producir a tiempo. De hecho, la firma tuvo lugar el 12 de julio, un día antes de que diera comienzo el Festival Internacional. Es decir, para ese momento, los organizadores ya habían realizado toda la labor de captación de grupos y le habían dado publicidad a la cita. O lo que es lo mismo, empezó la ejecución del contrato antes de que éste fuera formalizado.
Ante esta irregularidad, de la que ya advirtió el PP en rueda de prensa el 11 de junio de 2022, los propios populares decidieron interponer un recurso en el que afeaban a la Administración local que se saltara a la torera la Ley de Contratos del Sector Público, que deja meridianamente claro que todos los contratos, «salvo los menores, se perfeccionan con su formalización». Cosa que no ocurrió con el Festival Internacional de Folclore.
La portavoz del grupo municipal del PP, Carolina Blasco, no concretó ninguna petición relativa a la declaración de nulidad o anulabilidad del acuerdo, por lo que la Gerencia concluye que resulta imposible invalidar el acto administrativo adoptado. «No queremos que se anule ni que el Comité de Folclore devuelva ningún dinero, recurrimos porque esta práctica de contratar sin respetar la legalidad se está convirtiendo en una costumbre en el Ayuntamiento y en especial en el área de Cultura», afirma la propia Blasco.
Y es que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL) ha reconocido también estos días las irregularidades advertidas por el grupo municipal popular en la contratación de los fuegos artificiales y los conciertos de gran formato de los Sampedros. En concreto, ha determinado que «en lo que respecta a la formalización, este tribunal constata la irregularidad alegada, y por ello, la concurrencia de la causa de nulidad establecida en el artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector Público». Hay que recordar que, tal y como avanzó el PP, ambos recursos se interpusieron ante el TARCYL después de la celebración de las fiestas mayores de la ciudad, con el objetivo de no perjudicar a los burgaleses.