La matriculación de varios coches importados desde Japón en un corto periodo de tiempo levantó las sospechas de los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de la Guardia Civil de Tráfico (GIAT), que comenzaron a investigar a seis personas por una presunta matriculación ilegal y también falsedad documental. Sus sospechas señalaban a un hombre de 57 años, que en connivencia con su mujer importaban coches del país asiático a un precio más asequible que en España y que, tras conseguir irregularmente las pertinentes homologaciones para poder circular en Europa los vendía. Sin embargo, la jueza de Instrucción número 2 de Burgos no ha encontrado nada punible más allá de una «concatenación de errores» administrativos. El caso ha sido archivado.
Lo que pensó la Guardia Civil era que la pareja, B.P.R. y M.T.C.S., compraron e importaron coches desde Japón. Después, buscaron un perito ingeniero para que les tramitase los datos de homologación europea a través de una ficha reducida y, con este documento, poder pasar la ITV. Requisito, este último, para obtener la matriculación.
Pues bien, la jueza tomó declaración a un responsable de ITV en la capital, quien reconoció que se entrevistó con el principal investigado y le informó que las homologaciones solo podían realizarse a través de un laboratorio de Madrid autorizado por el Ministerio de Industria. Posteriormente, continúa el auto dictado por Instrucción 2, testificaron dos ingenieros que rellenaron las mencionadas fichas reducidas en base a la documentación que aportó B.P.R. pensando que posteriormente iría al mencionado laboratorio.
Sin embargo, fue a una ITV de Vitoria, que llevó a cabo inspecciones de los vehículos y las dio por válidas para que pudiera matricularlos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos, que también dio por buena la documentación. Los responsables de la estación aseguraron haber pasado diferentes auditorías del Gobierno Vasco sin que en ningún caso les dijesen que había irregularidades.
En base a todo ello, la magistrada entiende que, si bien los investigados «pudieron aprovecharse de la inexperiencia y desconocimiento de los profesionales, no se les puede exigir responsabilidad penal». Añade, además, que no ha habido perjudicados, ya que ningún comprador puso denuncia (si bien alguno devolvió el coche). Tampoco tiene en cuenta una prueba presentada por el GIAT sobre la falsedad documental: un sobre anónimo que recibieron con supuestas facturas falsas firmadas por M.T.C.S., pero que son desestimadas porque no consiguieron contrastarlas con las originales.