El Ayuntamiento de Miranda tiene que recuperar cerca de 100.000 euros, que saldrán del bolsillo de 9 jefes de negociado, a los que en mayo de 2019 se les subió el suelo a través de un complemento «indebidamente» aplicado. Así lo sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 16 de diciembre de 2022, tal y como desveló DB. Un año después, Personal ha comunicado a los empleados públicos los importes, que suponen más de 10.000 euros a cada uno, salvo a uno que se jubiló en esos meses, lo que lo limita a 6.500. 

El actual concejal de Personal, Pablo Gómez, admite la situación y defiende que se limitan a «aplicar la sentencia». En los tiempos no entra, aunque sí que lo hace la representante del PP, Charo Fernández, quien lamenta también que se cobre a los jefes de negociado «por los intereses de demora y las cotizaciones, de lo que no se dice nada en la sentencia del TSJ», afirma. La edil indica que a pesar de que la decisión del tribunal se comunicó hace un año, hasta octubre no se emitió un decreto para que «se calculen las cantidades a pagar por cada uno de los funcionarios». 

En ese documento «se especifica que fuera el método menos gravoso posible para los jefes», recalca Fernández, quien indica que «el 22 de noviembre se hace otro decreto en el que se reconoce los pagos inválidos y se indican las cuantías». Se hace un año más tarde «achacable solo al Ayuntamiento y a pesar de eso ahora los funcionarios tienen que pagar unos intereses que no son cosa suya», critica.

Gómez recuerda que cabe recurso en los juzgados y en el Ayuntamiento.Los jefes cobraron el extra de junio del 2019 hasta diciembre de 2021. El Ayuntamiento contó con una sentencia contraria, en la que dio la razón a la Junta de Castilla y León, pero no devolvió el dinero. Por eso, la administración regional volvió a los tribunales en ejecución de sentencia, para que no solo se dejara de pagar, sino para que también se devolvieran las cantidades, como ratificó el TSJ.