El equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino no descarta ahora la posibilidad de reclamar por la vía judicial la reversión de la plaza de toros cubierta. Una opción que hasta ahora no contemplaba en el «diagrama de flujo» elaborado para dar una solución definitiva  al contencioso que mantiene con el empresario Victoriano del Río por los incumplimientos del contrato suscrito para la venta de los terrenos de La Chata para construir el nuevo coso cubierto y polivalente.

Si bien una vez descartada la concesión de la licencia definitiva  al no haberse legalizado las instalaciones, el tripartido, que se había inclinado por la rescisión del contrato, vía negociada o vía judicial, podría cambiar de criterio a raíz del informe del servicio de Contratación donde se pone de manifiesto que los incumplimientos podrían ser causa de reversión.

Así lo reconoce el concejal de Urbanismo, José Ignacio Díez, quien indica que la posibilidad de introducir un cambio en el diagrama se analizará  en una sesión monográfica que se va a convocar para analizar el informe el 8 o el 9 de enero. «Obviamente lo que no podemos ser tampoco es tozudos. Si nos está diciendo un servicio municipal y un informe de un  técnico que hay opciones que no hemos contemplado y procede  contemplar, obviamente habría que incorporarlo. De lo contrario seríamos, digo tozudos, por decir algo suave», indica, señalando que en  esa sesión se determinarán los pasos a seguir y que  dependerá del pronunciamiento de los grupos.

 «Con las conclusiones de esa comisión monográfica si procede se retomarán las  conversaciones o las reuniones con la empresa que tocaron un techo que no podían seguir avanzando si el informe de contratación», señala.

El cambio de postura resultaría fundamental ya que la reversión, planteamiento que venían defendiendo el PSOE y la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros lamentando que se hubiese descartado a priori sin ni siquiera haber encargado un informe jurídico al respecto, conllevaría la posibilidad de recuperar las dependencias taurinas para  el municipio en base a los numerosos incumplimientos. Una restitución que en su opinión no debería suponer desembolso para las arcas municipales e incluso cabría la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a la empresa.

Por contra, la salida por la que abogaba el tripartito, una vez zanjada la posibilidad de negociar la  venta de la plaza al Ayuntamiento  puesto que ninguna de las partes fue capaz de poner una cifra encima de la mesa, abocaba a la demolición del coso y a la devolución de los terrenos expeditos bien  de acuerdo con la empresa o vía sentencia judicial si los tribunales terminaran por dar la razón al Consistorio.  

«Una demolición me parece una burrada, pero es que ya todo en este tema es una burrada y estamos abocados a soluciones incómodas y duras», apunta Díez.