La Guardia Civil ha investigado a M.F.O., de 30 años, como presunta autora de un delito de maltrato de animal por abandono y no cumplir con las obligaciones y necesidades veterinarias del mismo.
Días atrás, la llamada telefónica de un ciudadano alertaba de la presencia de un cánido, que al parecer deambulaba suelto, sin persona a su cargo, irrumpiendo en la calzada al paso de los vehículos con riesgo de producirse un siniestro vial. Además, el comunicado avisaba de la extrema delgadez del animal y que el mismo había accedido a un supermercado de una localidad de Las Merindades, donde pretendía obtener alimento.
Una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil se trasladaba al establecimiento y comprobaban la veracidad de la información facilitada por el particular. El can, que había sido allí retenido hasta la llegada de los agentes, presentaba una evidente desnutrición por abandono; a simple vista no se percibían heridas externas ni cicatrices, tampoco mostraba agresividad si bien portaba microchip identificativo y un collar en el cuello.
El ejemplar presentaba extrema delgadez, tenía microchip y carecía de tratamiento veterinarios obligatorios desde 2016.Las verificaciones pertinentes demostraron que el cánido, de 8 años de edad, macho de raza Braco de Weimar, carecía de la administración y de los tratamientos veterinarios obligatorios desde el año 2016.
Las gestiones llevadas a cabo por la patrulla permitieron conocer que no existía denuncia previa por desaparición o sustracción del animal; el servicio veterinario -al que se requirió para examinar a la mascota- confirmó los extremos percibidos por los guardias civiles en lo referente a su estado.
Acto seguido se habilitó, con la colaboración del ayuntamiento, un lugar para cobijo y alojamiento temporal del perro, al que se le facilitó bebida y comida, alimento que ingirió con avidez.
Localizada la propietaria, ha sido investigada como presunto autora de un delito de maltrato animal, por abandono y dejadez de obligaciones, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villarcayo y la Fiscalía de Medio Ambiente.