Unas 300 solicitudes para la tramitación de expedientes de ruina, a razón de un máximo de dos por municipio, son las que espera recibir la Diputación de Burgos dentro del programa de asistencia al que se han sumado un total de 150 municipios para que, a través de un convenio con la institución provincial, sea una oficina técnica de la empresa pública Tragsa la que gestione la total de esos laboriosos expediente de ruina que no tendrá coste alguno para los municipios adheridos.
Para agilizar la puesta en marcha de este programa pionero, desde el Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Jurídico a Municipios (Sajuma), se ha solicitado a los municipios que vaya identificando los dos inmuebles que, por su estado, supongan un riesgo para iniciar el expediente de declaración de ruina. «Se trata de ir avanzando, aunque hasta enero no se publicará en el BOP el anuncio para que puedan presentar sus dos solicitudes», manifiesta el responsable de este servicio, Ramiro Ibáñez.
Las solicitudes municipales se atenderán por orden de entrada en el Registro General de la Diputación y serán atendidas con el límite de disponibilidad presupuestaria existente en cada ejercicio para esta finalidad -el año que viene es de 150.000 euros- con prevalencia inicial a los supuestos de ruina inminente, formando parte de un listado preferente aquellas que no hayan podido ser tramitadas por falta de disponibilidad. En todo caso, se establece un límite anual de expedientes de ruinas o de órdenes de ejecución de dos por pueblo y año.
En la misiva enviada a los municipios, la Diputación recuerda que las solicitudes las tendrán que enviar conforme a un modelo que se indicará en su momento y que deberán aportar, como información complementaria, una nota simple del Registro de la Propiedad o certificación registral negativa de que el bien no está inscrito;la ficha catastral, con indicación expresa del titular o titulares catastrales, y fotografías del inmueble. «Con toda la documentación, las solicitudes municipales serán valoradas por una comisión, que establecerá las prioridades y el orden de actuación», declara Ibáñez, a la vez que recuerda que esos expedientes se trasladarán a la oficina técnica de la empresa pública Tragsatec, que será la encargada de tramitar todos los expedientes encomendados.
Aunque sea esta empresa la gestione los expedientes, es la Diputación la que asume su tramitación material y el coste hasta su finalización, afirma Ibáñez, a la vez que apunta que con esta encomienda a la Diputación los pueblos se quitan un peso de encima porque estos expediente son muy «farragosos».