Diecisiete consultas al día por vía telemática, telefónica o presencial. Este es el balance del primer año en funcionamiento de las oficinas antiocupación de Castilla y León puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico de la mano de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que se traduce en «6.500 consultas en vía telemática» y 170 de tipo presencial «o telefónico» en las oficinas. Unos datos verbalizados ayer por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que recordó que estas oficinas son «fundamentalmente de información para la prevención» para que «conozca de antemano qué tiene que hacer para evitarlo». En este sentido, sostuvo que cuando se produce este hecho, el escenario «entra en un ámbito jurídico donde el propietario tiene que ejercer las acciones legales penales o civiles». «Nosotros hemos pretendido que el propietario conozca de antemano qué hacer para evitarlo a través de la información», recordó el consejero antes de participar en unas jornadas en Valladolid.

El titular de Vivienda autonómico aseguró que «algún efecto habrá tenido este sistema de información puesto en marcha por la Junta», y continuó que el hecho de que salga «como noticia de actualidad» el desalojo de una ocupación en Mojados (Valladolid) durante la jornada de este lunes «no es preocupante con carácter general, porque este fenómeno en Castilla y León, afortunadamente, es limitado».

Suárez-Quiñones también tuvo tiempo para arremeter contra la Ley de Vivienda impulsada hace ahora un año por el Gobierno de España. Una normativa que recordó que «nació con mucha polémica» sobre todo debido a la «posible invasión de competencias de las comunidades autónomas» y así se presentaron ocho recurso de inconstitucionalidad ante la presunta intromisión del texto en una competencia, la de vivienda. Es por ello que reiteró que esta norma «carece de aplicación práctica» en Castilla y León, donde «el mercado sigue presidido por las actuaciones de la Junta».