La movilidad ganadera vuelve al 'statu quo' previo a la orden

SPC
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La decisión del TSJ hace decaer las restricciones adicionales impuestas por el Ministerio para hacer frente a la normativa autonómica y devuelve al sector a la legislación sanitaria marcada por Europa

Explotación de vacuno en la provincia de Burgos. - Foto: Jesús J. Matías

Nuevo episodio en la crisis ganadera que vive Castilla y León durante las últimas semanas. La movilidad del ganado en la Comunidad volverá, desde hoy, al 'statu quo' previo a la orden de la Junta del pasado 10 de mayo y se retorna así a la situación anterior del programa regional incluido en el nacional de erradicación 2022-2030 aprobado mediante un reglamento europeo. O lo que es lo mismo, como si aquí no hubiera pasado nada y desde hoy se autoriza el movimiento de vacas fuera de Castilla y León, eso sí, cumpliendo los controles de saneamiento de acuerdo a los protocolos europeo y nacional. Castilla y León se sube en la máquina del tiempo para volver al punto de partida antes de que explotara la polémica entre ganaderos, veterinarios y políticos. Al menos, hasta que la Justicia resuelva finalmente la legalidad, o no, de la orden aprobada por la Consejería de Agricultura que flexibilizaba la movilidad de reses en contacto con infectadas por tuberculosis bovina. Una maraña de órdenes, contraórdenes y sentencias judiciales cuya explicación bien es dueña de un dolor de cabeza.

Castilla y León se regía, antes del 10 de mayo, por la normativa europea de saneamiento animal en lo relativo a la tuberculosis bovina, y el movimiento de animales en contactos con casos positivos. Ese día, la Consejería de Agricultura aprueba una orden que relaja esas directrices y flexibiliza los casos en los que se tiene que impedir el movimiento de animales en cercanos a otros contagiados. Una decisión que lleva al Ministerio de Agricultura a tomar cartas en el asunto el pasado 29 de mayo, cuando limita al máximo y más allá de la ley europea cualquier movilidad de reses en todo el oeste de la Comunidad como respuesta a la nueva normativa autonómica para «preservar la seguridad de la cabaña ganadera española y europea». Además, lleva el caso al Contencioso-Administrativo. Este lunes, el TSJ suspendió cautelarmente el reglamento aprobado por Castilla y León el pasado 10 de mayo, haciendo decaer, a su vez, las restricciones adicionales establecidas por el Ministerio.

Con lo cual, el sector ganadero vuelve al punto de partida, y desde hoy «desaparecen las prohibiciones de movimiento de ganado que contenía la orden ministerial de 26 de mayo», ya que se volvería a la situación anterior del programa regional incluido en el programa nacional de erradicación 2022-2030 aprobado mediante un reglamento europeo, tal y como señalaron ayer desde la Consejería de Agricultura.

Mientras, los servicios jurídicos del Ministerio están evaluando la situación legal ocasionada como consecuencia del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tal y como informaron a Ical fuentes del departamento de Luis Planas. La Junta, por su parte, mantendrá el contencioso abierto sobre el asunto de la legalidad de la resolución autonómica de 10 de mayo de 2023 suspendida cautelarmente por el TSJ, tal y como aseguró ayer el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

A disposición judicial

La resaca del intento de asalto a la Delegación Territorial de la Junta de este lunes desató ayer una oleada de reacciones contra la actuación de los ganaderos desde miembros de la Junta y los sindicatos. Además, la Policía Nacional está revisando las imágenes grabadas de la protesta y no descarta nuevas detenciones y sanciones. Durante los incidentes, la Policía detuvo a un manifestante por herir a dos agentes con un bastón, y los altercados terminaron con 11 policías contusionados por los ganaderos. Precisamente, el único detenido por lo ocurrido pasó a disposición judicial durante la jornada de ayer. 

El Gobierno acusa a la Junta de generar «falsas expectativas» 

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, acusó a la Junta de Castilla y León de generar «falsas expectativas» a un sector «tan importante» en España como es la ganadería «contraviniendo» la legislación estatal y comunitaria vigente, en relación a los programas de control y erradicación de la tuberculosis bovina. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez aseguró que se ha producido una «discrepancia entre distintas administraciones», en este caso la autonómica de Castilla y León y la General del Estado, en relación a la legalidad de España y la Europea. «Lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad».

Los ganaderos se niegan a negociar si no hay cambios en la normativa

«¿Para qué queremos una reunión si no tienen nada que ofrecernos? ¿Una reunión como las 100 anteriores? Seguiremos con los actos de protesta hasta que nos ofrezcan soluciones alternativas, tenemos los mismos protocolos desde hace 40 años», aseguró a Efe el portavoz de Unión por la Ganadería, Juan Luis Delgado, la plataforma que agrupa a 22 asociaciones salmantinas que convocó este lunes la protesta en Salamanca que terminó en intento de asalto a la sede. Los ganaderos piden que se modifiquen los protocolos de este saneamiento y la prueba que se le hace a sus vacas porque entienden que no es 100 % precisa y, por precaución, se envían al matadero reses que después resultan estar sanas.

Los sindicatos piden a Agricultura que defienda a sus trabajadores

UGT y CSIF reclamaron ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «apoye, proteja y defienda» a los empleados públicos de la Consejería de Agricultura "frente a los «injustificados ataques» que sufren estos días por la polémica suscitada por el movimiento de ganado bovino. En sendos comunicados que se unen al lanzado este domingo por CCOO, ambos rechazan «tajantemente» los incidentes protagonizados por «un grupo de incontrolados» en la Delegación de la Junta en Salamanca, y aseguraron que «la presión» a la que se están viendo sometidos los trabajadores de la Consejería es «intolerable» y no puede ser aceptada por una sociedad «que se considera civilizada».