La irrupción de la pandemia antes de que se cumpliera un año de la presente legislatura trajo al Ayuntamiento un gasto millonario y extraordinario que se reflejó en la aprobación de dos planes de crisis que sirvieron, fundamentalmente, para inyectar dinero al comercio y la hostelería, sectores a los que el confinamiento y los estados de alarma había golpeado con especial virulencia. Como contrapartida, el Gobierno de España decidió suspender las reglas fiscales y con esta decisión liberó a las entidades locales de la obligación de amortizar deuda con los superávit presupuestarios y a ciudades como Burgos le permitió disponer de millonarios remanentes de tesorería para disponer de ellos a su antojo (fundamentalmente para inversiones). Un escenario, desde el punto de vista financiero, de absoluta tranquilidad. Una calma, en este caso relativa, es la que ha habido estos últimos años en relación a la deuda de los Consorcios del Desvío y Villalonquéjar. Eso sí, en ambos casos esa paz tiene, más tarde o más temprano, fecha de caducidad.

La situación excepcional vivida este mandato (todo apunta a que las reglas fiscales volverán en 2024) ha minimizado el impacto que, en realidad, ya está teniendo en las arcas municipales el crecimiento del gasto corriente. El relativo al personal ha repuntado de forma notable y lo seguirá haciendo para tratar de minimizar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los empleados públicos (al igual que les ha sucedido a los trabajadores del sector privado) por las subidas del IPC. Pero es que el gasto por la prestación de servicios también está creciendo con la renovación de contratos que antes se ejecutaban con un coste más bajo. Es el caso, por citar el ejemplo del mayor por volumen económico, del relativo a la recogida de residuos y limpieza viaria. Pero hay muchos otros más. Sin ir más lejos, los concernientes con la factura eléctrica y del recibo del gas. Y aunque uno solo de ellos no desequilibra las cuentas, la suma de todos ellos sí hace un agujero millonario que es difícil tapar sin tocar los impuestos o recortar.

La gran preocupación en el medio plazo sigue siendo, como en años atrás, la deuda de los consorcios. Especialmente del de la Variante Ferroviaria. El próximo equipo de Gobierno ya puede cruzar los dedos para que salgan adelante las dos ultimas adjudicaciones de suelo en el entorno de la antigua estación, ya que esos 24 millones de euros de ingresos son los que deberían dar aire para vivir con tranquilidad los próximos cuatro años. Si ambas operaciones se tuercen (el próximo otoño deberían cerrarse) habrá un problema serio. Más que nada, porque hay que amortizar grandes cantidades y si no se pueden afrontar el pago con la venta de terrenos, en última instancia el Ayuntamiento tendrá que salir al rescate con sus recursos propios. 

En el caso del Consorcio de Villalonquéjar hay menos preocupación, ya que en los últimos años el ritmo de compraventas ha sido bueno y hay expectativas positivas para el futuro. Eso, si no ocurre como en el pasado, cuando la crisis económica de 2010 paralizó el mercado. Y no conviene olvidar que el desarrollo de nuevo suelo industrial (está planificado incrementar la bolsa en los antiguos terrenos del CAE) exigirá de nuevo de importantes inversiones, que seguramente se tendrán que afrontarse por fases y con préstamos solicitados a las entidades financieras.

El próximo Ejecutivo tendrá que decidir si sube o no los impuestos y también tasas tan importantes como las de basuras o aguas. Se tome la decisión que se tome, se trata de debates que habrá que afrontar.

En el caso de la tasa de basuras, cabe recordar que la factura que paga el Ayuntamiento por él depósitos de residuos al vertedero se ha multiplicado casi por cuatro desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que ha encontrado en el castigo económico la forma de fomentar el reciclaje. Porque dicho de una manera sencilla, el que contamina paga. Y como aún no existe una concienciación plena, lo que le va a tocar al Ayuntamiento es pagar más por la basura que lleva a Abajas. ¿Lo repercutirá en la factura que pagan los contribuyentes? El próximo equipo de Gobierno responderá a esta pregunta