Pasado el bache que supuso el estallido de la pandemia, el número de burgaleses con derecho a recibir una pensión -y por tanto el gasto que debe hacer el Estado para pagarlas- crece progresivamente a cada mes que transcurre. Entre enero y agosto, último periodo del que hay datos, la Seguridad Social ha abonado 1.013 millones de euros para saldar el pago de estas prestaciones a más de 92.400 burgaleses que las tienen reconocidas.

Esta cantidad, la más elevada en los ocho primeros meses del año desde que hay registros, es más del doble de los ingresos que ha registrado el Ejecutivo procedentes de las cotizaciones sociales. Empresas y trabajadores asalariados en la provincia de Burgos, a través de su actividad laboral, han 'entregado' a la Seguridad Social en ese mismo periodo 502,6 millones, una cantidad que ni tan siquiera sirve para cubrir la mitad del gasto en pensiones. «No es un sistema sostenible. No se puede financiar aquello que no se recauda», reconoce Carlos Alonso de Linaje, decano del Colegio de Economistas de Burgos.

El porcentaje que cubren actualmente los ingresos generados por los empleados y las compañías para pagar las pensiones apenas llega al 49,6% del total de esa nómina, el volumen más bajo de la historia. La subida del 8,5% del pasado 1 de enero para adecuar las prestaciones a la acuciante inflación, sumado al imparable incremento de ciudadanos que deja el mercado laboral y se jubilan, han dado una vuelta de tuerca más a un sistema que trata de evitar más patadas hacia delante. 

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