Lo que comenzó como una gran ilusión para Paulino Marijuán se está convirtiendo en un quebradero de cabeza que le sume en el desánimo. Natural de Quintanar de la Sierra y socio de la empresa Quintanarlanza, afirma «estar hasta el gorro» de la demora de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en la tramitación de los permisos para poder poner en marcha la piscifactoría de su pueblo. Han pasado cerca de 18 meses desde que llegó a un acuerdo con el consistorio local para hacerse cargo de su explotación durante los próximos 25 años, pero asegura «no haber avanzado nada» durante todo este tiempo.
El empresario, con varios negocios en la capital de España, mantiene que desde el organismo de cuenca «no contestan» a sus llamadas ni correos electrónicos, por lo que desconoce en que punto se encuentra la tramitación. «Tenemos permiso para captar las aguas, pero seguimos esperando el que corresponde a la suelta de las mismas, por lo que no podemos empezar a funcionar», comenta Marijuán, que «no entiende» cómo cuando la instalación era explotada por la Junta de Castilla y León «no había ningún problema y en el momento que surge una iniciativa privada se paraliza la tramitación», reseña.
Quintanarlanza apostó por hacerse con las riendas de este espacio para dedicarse a la cría de la trucha común y arcoíris, con la idea de cubrir los gastos, y centrarse en la producción del esturión, para obtener y comercializar el preciado caviar. De forma paralela, desde la empresa ya han hablado con varios cotos de pesca, e incluso con el Ayuntamiento de Neila, para suministrarles de truchas con las que repoblar. Igualmente habían iniciado contactos con posibles clientes rusos para venderles caviar. «Hay muy pocas empresas que se dedican a ello. Confiamos en que la iniciativa pueda seguir adelante y funcione, porque tenemos ya mucho avanzado», añade.
Uno está dispuesto a emprender, a crear trabajo, y lo único que se encuentra son trabas»
Paulino Marijuán encargó el proyecto a desarrollar en la piscifactoría de Quintanar a un ingeniero de Montes, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y que también gestiona varias piscifactorías. «Mejor que él no sabe nadie que es lo necesario para que pueda funcionar», comenta el empresario, que lamenta como esta demora le está suponiendo pérdidas económicas. «Pagué 4.000 euros por el proyecto y 10.000 de fianza. A ello hay que sumar unos trabajos de limpieza y puesta a punto de la instalación y de los motores, que debido a esta tardanza vamos a tener que volver repetir, lo que supondrá otro gasto añadido», explica.
«Si sé esto, no me meto». Desde la adjudicataria no entienden cómo puede dilatarse tanto un permiso para desarrollar una actividad que ya se había realizado antes en estas instalaciones. «No pensaba que se iba a demorar de esta manera. Si sé que es así de lento, no nos metemos en ello», explica Marijuán, que asegura que en este proceso de tramitación se ha encontrado con algo que no esperaba. «Yo pensaba que íbamos a hacer el cambio de titularidad de una empresa a otra, pero resulta que la Junta no tenía licencia de apertura. También tienen el proyecto y estoy esperando a que nos la concedan», explica.
Cuando lo gestionaba la Junta no había problema; ahora que la iniciativa es privada, sí»
Además de una inquietud comercial, Marijuán se embarcó en este proyecto «para intentar dar más vida» a Quintanar. «Uno está dispuesto a emprender, a crear puestos de trabajo en el medio rural y lo único que se encuentra son trabas administrativas. Deberían poner facilidades para favorecer el desarrollo de los pueblos, no complicarlo más. Nos hemos metido en ello con ganas y buena fe y no entendemos por qué esta parado», dice el empresario, quien destaca el estado de las instalaciones que está deseando poder llenar de peces. «Están muy bien, en su día la Junta hizo una inversión muy buena allí. La pena es que pudiendo funcionar estén paralizadas», lamenta.
La Junta de Castilla y León explotó esta piscifactoría hasta el año 2012. Un lustro después, entregó sus llaves al Ayuntamiento de Quintanar, entendiendo adecuada la reversión solicitada por éste. El Consistorio y Quintanarlanza llegaron a un acuerdo en una segunda licitación, por los próximos 25 años prorrogables. La renta establecida es de 7.740 euros, cantidad mínima permitida por ley, ya que el alquiler se fija en el seis por ciento del valor de tasación del bien, en este caso la piscifactoría, que está valorada en 128.000 euros.