Burgos se juega mucho con la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuyo proyecto se conocerá en breve. Mientras la ciudad lucha por mantener la capital regional de la justicia y que no se desdoblen más salas delTSJ, la provincia se afana en salvar los 6 partidos judiciales que dan trabajo a 122 letrados, 31 procuradores y 87 jueces, secretarios y funcionarios. 240 familias en torno a las que se genera un movimiento comercial y económico del que Aranda de Duero,Miranda de Ebro, Villarcayo, Briviesca, Salas de los Infantes y Lerma no quieren ni pueden prescindir.Así lo demostraron ayer políticos y ciudadanos, al arropar a los profesionales en las concentraciones.

Aranda de Duero

A las puertas del Palacio de Justicia de Aranda de Duero, que da servicio a una población estimada de 70.000 habitantes, la concentración contó con una masiva respuesta. Participaron la gran mayoría de los abogados que ejercen en la capital ribereña, 50, los 10 procuradores, las 2 juezas titulares y los 21 funcionarios. Todos unidos contra las reformas judiciales.

La preocupación se centra en la posible eliminación de los juzgados para centralizar su labor en Burgos. «Van a tener que contratar un autobús para llevarnos y traernos a nosotros y a los ciudadanos todos los días», comentaba un abogado de manera irónica.

Lejos del sarcasmo, la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial limitaría el acceso a la justicia de toda la comarca. «Aquí habría un juzgado de guardia, si es que lo hay, lo que se podría comparar en el ámbito sanitario como un ambulatorio, donde la gente va y no se le puede hacer nada, le tomarán la denuncia y tendrá que ir al provincial», aseguró un portavoz.

En Aranda de Duero se ha pasado de pedir un tercer juzgado a temer por los 2 existentes. Estos cambios supondrían un retroceso a tiempo predemocráticos, ya que en la capital ribereña existe sede judicial desde finales de los 70.

Miranda de Ebro

Alrededor de 30 personas secundaron la convocatoria frente a los juzgados, a la que se sumaron representantes de los 3 principales partidos, PP, PSOE e IU, para protestar contra la posibilidad de tener que desplazarse a Burgos para litigar, tal y como ya ocurrió hace años con los juicios de lo Penal. «Será algo parecido, pero lo que quieren es limitar el número de asuntos e impedir que el ciudadano  acceda a la administración de Justicia», resaltó David Goldaraz, uno de los 40 abogados que trabajan en la ciudad, junto a 8 procuradores. Si la reforma prospera también corre peligro la plaza de 24 funcionarios, a los que «tendrían que dar un destino, o bien suprimir esos puestos porque ya no existirían sus juzgados».

Caería, por tanto, en saco rato la eterna demanda de un tercer juzgado en la ciudad. Ya Miranda perdió hace años las 2 plazas de médico forense que tenía adscritas, al igual que el fiscal allí destinado. «Ahora tiene que venir de Burgos, o se hace a través de videoconferencia, llamada telefónica o fax, y eso no es una forma de garantizar los derechos de los ciudadanos». Goldaraz recalcó que la única manera de paralizar este proyecto de Ley es que la ciudadanía salga a la calle a protestar, algo complicado porque «no se ve como un servicio tan cercano como  la sanidad o la educación».

Villarcayo

Cerca de 40 abogados, procuradores y funcionarios de los 2 juzgados de Villarcayo, incluida una jueza -el otro estaba en una vista- junto a unos pocos vecinos se unieron ayer a las protestas contra las tasas judiciales, «que están dinamitando el acceso a la ciudadanía a la Administración de Justicia». Pero clamaron más fuerte contra la posible supresión de los partidos judiciales. Juan María Arrimadas, destacó que existen hace más de 100 años y que «se los quieren llevar por la inoperancia, incompetencia y arbitrariedad de los que toman decisiones, sin haber contado con la opinión de ninguno de los que trabajamos en la Justicia».

El portavoz de los profesionales del partido judicial, que atiende a los 25.000 habitantes de Las Merindades, se dirigió a los gobernantes para decirles que «no somos números ni estadísticas, sino personas y no de tercera categoría, que decidimos o tuvimos que vivir en un pueblo y vemos que servicios tan fundamentales como la Administración de Justicia nos los quieren llevar». A su juicio, «sin juzgados no hay justicia».

Briviesca

En Briviesca, la concentración se realizó junto a la fachada del Ayuntamiento. Acudieron abogados, procuradores, varios políticos con el alcalde José María Ortiz en cabeza, ciudadanos y el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado Ayuso.

El procurador Álvaro López-Linares recordó que la movilización se convocó en contra de las tasas judiciales, «por lo que tienen de discriminatorio y de atentatorio contra la igualdad esencial y la tutela judicial efectiva», y a favor de «la conexión entre el mundo rural y la administración de justicia; y del derecho que tenemos los habitantes de los pueblos a tener una justicia accesible a la que nos podamos dirigir con facilidad y sin más pegas de las que ya tenemos».

Salas de los infantes

En Salas de los Infantes los asistentes a la concentración, exitosa pese a la caída de agua nieve, clamaron contra una reforma gravemente perjudicial para el medio rural, que ahondará la discriminación frente a la del medio urbano y que alejará la justicia de la ciudadanía aún más que la ley de tasas. En el caso de Salas el resultado será especialmente grave por sus peculiaridades características territoriales y demográficas.

lerma

También congregó a medio centenar de personas la movilización para salvar la sede judicial de toda la comarca del Arlanza. Hace 4 años,Ayuntamiento y Ministerio negociaban sobre la cesión de una parcela para un nuevo edificio, presupuestado en 1,2 millones.

*Información elaborada por:

Isabel Martín, Ruth Laguna, Ana Castellanos, María José Fernández y Belén Antón.