Los responsables académicos de la UBU llevan tiempo advirtiendo de la falta de financiación para aplicar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en lo que al cambio de figuras laborales se refiere entre el personal docente e investigador, que supone en algunos casos una actualización salarial o el incremento de la contratación para reducir la temporalidad. El tiempo se ha echado encima sin que este problema se haya solucionado, dada su entrada en vigor el pasado 12 de abril, y, por el momento, la institución académica ha 'salvado' la Oferta de Empleo Público de este año al «no haber agotado el presupuesto», si bien exige esa aportación económica extra para afrontar futuros concursos como los de asociados para cubrir las necesidades del próximo curso.
El debate sobre este asunto centró la reunión de ayer del Consejo de Gobierno, que aprobó esa oferta pública acordada en la mesa de negociación con los sindicatos. Se trata de 34 plazas de profesor fijo, de las cuales nueve pertenecen a la categoría de titular y el resto a la nueva de profesor permanente laboral, que sustituye a la de contratado doctor. A ellas se suman seis reservadas por ley para investigadores de excelencia y nueve de catedrático, si bien la publicación de estas últimas no corre prisa puesto que aún no se han cubierto las de anteriores convocatorias.
«Ahora es la Junta la que tiene que autorizar la oferta con la consiguiente asignación económica», explicó el vicerrector de Personal, José María Cámara, al tiempo que avanzó que el momento de recibir ese visto bueno se «comenzará a trabajar en los concursos» con la previsión de que puedan convocarse en verano porque «hay profesionales que no pueden esperar seis meses» a que el Gobierno regional público el decreto que regula las nuevas figuras laborales.
Cámara calificó la situación actual de «provisional», si bien mostró su preocupación de cara a próximos concursos públicos temporales, ya sea de profesores asociados como de ayudantes doctores, debido a que al reducirse su carga docente serán necesarias más incorporaciones. «Eso cuesta dinero», precisó, recordando que es en junio cuando se produce la mayor convocatoria de la primera categoría (75 el año pasado). «Confío en que no peligre porque sería un gran problema», añadió.
Retraso. El responsable académico criticó esa falta de financiación para aplicar los cambios que acarrea la LOSU, además del retraso a la hora de acordar la distribución de la partida estatal entre las comunidades autónomas. «Eso lo tenían que haber hecho antes», subraya, añadiendo que la respuesta de la Junta ha sido que «la ley no es suya y que no ha recibido dinero para ella», mientras que, según afirmó, otras Comunidades ya han realizado la correspondiente asignación a sus universidades.
Más allá de esta cuestión, los miembros del Consejo de Gobierno aprobaron el máster de Formación Permanente en Tecnologías del Hidrógeno, que se impartirá el próximo curso bajo la dirección del catedrático Jesús María Alegre. Se trata de un título «pionero» en el sistema universitario español y está dirigido a ingenieros de distintas ramas (industrial, materiales o energía), graduados en Química o Física y a todos aquellos profesionales que deseen especializarse en este campo. Conformado por 60 créditos, se impartirá online.