En el Servicio de Mediación, formado por los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, están hartos de las promesas incumplidas del Ayuntamiento. La administración municipal se comprometió a subvencionar con 20.000 euros al año esta iniciativa encaminada a aliviar la presión judicial en materia social, pero incluso antes de firmarse el convenio para regularlo hubo problemas. Finalmente, los decanos de los diferentes órganos sellaron en diciembre de 2020 el acuerdo con el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa. Desde entonces, solo han recibido parte de una anualidad.
De poco han servido los numerosos requerimientos de los tres colegios que forman dicho servicio, que está funcionando con normalidad (y con éxito), a lo largo de los últimos meses. A finales del año pasado se registró un escrito en el que se reclamaba el pago de la cantidad restante de la primera anualidad y la segunda al completo. El acuerdo, señalan fuentes consultadas por este periódico, refleja que el Consistorio debe abonar una cantidad de unos 15.000 euros para cubrir las facturas que se presentaran en los primeros meses y el montante restante a final de cada temporada.
Recibieron tras ese escrito una providencia solicitando algún documento. El servicio de mediación volvió a presentar todo lo pertinente para poder hacer efectivo el cobro de la subvención y en este tiempo no han recibido notificación de que no estuviese en regla. Según parece, las diferentes secciones se han ido remitiendo las unas a las otras, pero ninguna les da una respuesta clara. Es esa ausencia de noticias lo que ha provocado el hartazgo de los profesionales, que han dado un ultimátum al Consistorio.
Esta misma mañana, representantes de los tres colectivos se han reunido con los responsables municipales para tratar de encontrar alguna solución al problema. Fuentes consultadas por este periódico entienden que la situación ha llegado hasta el límite, pues el servicio se está prestando con absoluta normalidad sin que los mediadores reciban ninguna retribución.
Lo que se iba a plantear en dicho encuentro es que, si no se hacen efectivos los pagos pendientes en un plazo corto de tiempo, se iban a ver obligados a suspender la mediación social. Por otro lado, este convenio suscrito en 2020 tiene recogida una cláusula de penalización por incumplimiento de las condiciones.
El servicio de mediación cuenta con 30 profesionales adscritos. El pasado año asumió un total de 45 asuntos sociales que terminaron derivándose con un 90% de éxito. Unos resultados que esperan trasladar a otras jurisdicciones, como es el caso de lo Contencioso-Administrativo. Es más, los colegios de abogados y procuradores también suscribieron otro convenio en esta materia.