El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá mañana para informar sobre las acciones que se llevarán a cabo en relación a los proyectos para derogar las leyes y decretos autonómicos sobre Memoria Democrática en Aragón, Comunidad Valenciana y, más recientemente, en Castilla y León, según comunicaron a Ical fuentes del Gobierno. La intervención del canario Ángel Víctor Torres se producirá después de que el pasado miércoles los grupos Popular y Vox, socios de gobierno en Castilla y León, registraran en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley en materia de Concordia, que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado en 2018 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.

Este texto cumple un apartado del acuerdo de gobierno firmado hace dos años por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que esperan que esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio. La iniciativa legislativa ha pasado a manos de los grupos parlamentarios, si bien en un inicio el impulso partió de la propia Junta, que en junio de 2022 comunicó que se iniciaba su tramitación. 

Se mantiene la cooperación con las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro a los efectos de las autorizaciones para las exhumaciones, que contarán, como hasta ahora, con ayudas de la Junta, según el Grupo Popular. Como novedad, se crea la Comisión de Exhumaciones que tendrá un carácter resolutivo de los expedientes con criterios técnicos.

Así, será ese órgano colegiado, que presidirá el titular de la Consejería que ostente la competencia (en este momento Presidencia), quien se encargue de resolver las peticiones de exhumaciones, con lo que se sustituye al anterior Consejo Técnico como responsable de decidir sobre esas actuaciones.

La presentación de esta norma cierra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PP-Vox de marzo de 2022, para el que se marcó el compromiso de iniciar su tramitación «antes del 30 de junio» de ese año. Un día antes la Junta anunció, vía comunicado, que había comenzado sus trámites, si bien ya no se volvió a informar de sus pasos ni evolución.

Respecto del plazo de aprobación, está previsto que sea en este periodo de sesiones, que termina a finales de junio, si bien ahora se tramitan los Presupuestos Generales de la Comunidad que tienen prioridad parlamentaria. Una vez admitida a trámite por la Mesa de las Cortes, se enviará a la Junta, que tiene 15 días, para que dé su conformidad. Se podrá incluir en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. Después se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas parciales, tras cuyo debate llegará al plenario.

Respuesta de Gallardo

Tras conocerse la noticia de que el Gobierno tomará medidas, el vicepresidente de la Junta y dirigente de Vox, Juan García-Gallardo, defendió no dar «ni un paso atrás», en defensa de España y de la «verdadera concordia» ante las acciones que el Gobierno va a adoptar en relación a las iniciativas legislativas de algunas comunidades, como Castilla y León, para derogar las leyes o decretos de memoria histórica. En un mensaje en X (antes Twitter), García-Gallardo arremetió contra el «PSOE corrupto y traidor» que en su opinión pretende decirle a la sociedad que «indultar delincuentes separatistas está bien, pero que honrar a las víctimas de la persecución religiosa de la segunda República está mal». «Por la verdadera concordia, en defensa de España, ni un paso atrás», añadió.