Como si del tesoro mejor guardado se tratase, las imágenes que tomaron las cámaras interiores de la primera planta de la Casa Consistorial del Valle de Mena los días 3, 4 y 5 de octubre de 2020, parece que nunca podrán ser visualizadas por parte de la oposición. El 6 de octubre de aquel año, el Grupo Municipal del Partido Popular solicitó al grupo de gobierno menés poder acceder a ellas con el fin de conocer «si fuera del horario de apertura de las oficinas se extrajeron documentos de las instalaciones municipales» por personas ajenas al grupo de gobierno y a la plantilla municipal, «por si fuera constituyente de un delito». En la primera planta se encuentran, entre otros, los despachos de Secretaría y de la Alcaldía. Dos años y medio después, tras innumerables peticiones a la alcaldesa, Lorena Terreros, y numerosas gestiones del Defensor del Pueblo, al que el portavoz popular, Pedro San Millán, acudió en junio de 2021 harto de no obtener respuesta, nadie ha podido visionar las imágenes limpias de las 72 horas de esos tres días.

En su último requerimiento el pasado mes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, instó de forma «urgente» al Ayuntamiento a cumplir con su obligación de respetar el derecho a la información de los ediles de la oposición, pero las imágenes limpias no han llegado. Incluso en su informe de 2022, la institución destaca el caso del Ayuntamiento menés y deja claro que la «el difuminado de imágenes utilizado para preservar la identidad de las personas que aparecían en ellas impedía reconocer la acción» e insiste, como ya lo hizo al Ayuntamiento en febrero de 2022, en que el pixelado solo ha de utilizarse en caso de que con la visión de las imágenes, los concejales del PP tuvieran acceso a «datos personales de forma indiscriminada y masiva», que no es el caso, porque solo se solicitan imágenes del pasillo del primer piso del Consistorio, en el que se han desinstalado las cámaras después de estos hechos.

En diciembre de 2021, por primera vez los ediles del PP pudieron hacerse con las imágenes. Pero se encontraron con que se habían manipulado al extremo y prácticamente todo el pasillo estaba en negro. No se podía ver nada. Ante ello, el Defensor del Pueblo fue claro y señaló, entre otros argumentos, que «estaría amparado en el derecho a la obtención de información de los ediles en ejercicio de su función legal de control y fiscalización, el acceso al visionado de las imágenes sin pixelar... atendiendo al escaso número de personas que pueden ser grabadas», dado que el PP buscaba comprobar qué ocurrió una tarde fuera del horario de atención al público.

Así, Gabilondo sugería al grupo socialista de gobierno remitir las imágenes sin pixelado, pero nuevamente en mayo de 2022, las imágenes facilitadas al PP estaban pixeladas y se redujeron solo al horario de apertura del Ayuntamiento cuando lo que se buscaba precisamente era lo ocurrido por la tarde. El Defensor del Pueblo ha insistido después en pedirlas sin manipular, pero no hay noticias a las puertas de la nueva legislatura.