La Junta de Castilla y León cumplirá la ley de vivienda que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados en la parte que sea obligatoria y analizará la «potestativa», atendiendo al interés general de los ciudadanos de la Comunidad, con el fin de que puedan acceder a una casa. «Vamos a ver cómo queda», afirmó en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ya que lamentó el Gobierno no ha consultado a las comunidades autónomas ni antes ni después de cerrar el pacto con sus socios parlamentarios. Tras el visto bueno de la Cámara Baja, el texto pasará al Senado. En ese sentido, Fernández Carriedo afirmó, en declaraciones recogidas por Ical, que son «cumplidores y respetuosos» con la norma, si bien advirtió de que retirar viviendas del mercado en zonas tensionadas va a reducir la oferta y terminará subiendo los precios. La apuesta de la Comunidad, señaló, no es definir estas áreas, sino evitar que se produzcan «tensiones» inmobiliarias y que haya una disponibilidad «razonable», que permita un acceso mejor de los ciudadanos.

Asimismo, el consejero portavoz defendió la política de vivienda de la Comunidad, que remarcó busca que haya un acceso «más fácil», así como que requiera un menor esfuerzo salarial, algo que a su juicio se cumple en Castilla y León en relación al resto de territorios. También destacó que se conceden ayudas al pago del alquiler a todos los solicitantes que cumplen las condiciones y abogó por trabajar para que no haya «esas tensiones». Igualmente, Fernández Carriedo criticó el último anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir 20.000 viviendas públicas en suelos del Ministerio de Defensa. A su juicio, el Gobierno lleva cinco años en los que a su juicio no se han hecho las cosas, si bien en cinco días se producen anuncios «todos los días» para los cinco meses que restan de legislatura.

De esta forma, recordó que Sánchez planteó movilizar 50.000 viviendas propiedad de la Sareb, si bien los cálculos de la Junta sólo contemplan 81 disponibles en la Comunidad. Carlos Fernández Carriedo reiteró que la Junta tiene constancia, según los datos de Sareb, de la existencia de 2.476 bienes inmuebles en la Comunidad, de los que 888 serían viviendas, pero indicó que «o están ocupadas de forma legal o ilegal o están en esqueleto, solar o abandonadas» y en ubicaciones que no son atractivas para el alquiler. Por ello, redujo a un diez por ciento las unidades que podrían movilizarse, ya que recordó la sociedad lleva diez años tratando de darle salida a sus activos. A esas casas, que remarcó serían las que se podrían ocupar de forma más rápida, se unieron otras 45.000 nuevas a través de fondos europeos y, por último, otras 20.000 en terrenos de Defensa.

Por último, Fernández Carriedo abogó por ser «rápidos en las soluciones» y aseguró que sería conveniente que antes de hacer las propuestas explicara qué ha ocurrido con las previstas de la Sareb. «No se trata de buscar un titular para un momento dado», sentenció.