La huelga de los funcionarios de justicia ha provocado hasta el momento la suspensión de 15.000 vistas y juicios en Castilla y León, de las cuales alrededor de 3.700 en Valladolid, donde también se acumulan más de 8.000 demandas en espera de tramitación o 18.000 escritos de proveer. Así lo apuntó en declaraciones a Ical el responsable del sector de Justicia de CSIF Castilla y León, Juanjo Banciella, durante la cacerolada organizada por el sindicato frente a la sede del PSOE en Valladolid.

"Esta cacerolada pretende visibilizar el pucherazo que se quiere dar en la administración de Justicia, en la que un Gobierno clasista se reúne con solo unos pocos (los estamentos más privilegiados y con mejores retribuciones), para acordar subidas de sueldo solo para ellos, mientras deja a los que cargan con la mayor parte del trabajo sin el reconocimiento de las funciones que desempeñan ni legal ni retributivamente", resume Banciella.

A su juicio, "un partido que se dice progresista, que sustenta un Gobierno que se dice progresista, tiene que asumir su responsabilidad, para decirle a su ministra de Justicia que únicamente ha negociado con jueces, fiscales y letrados, y que ha dado la espalda a todos los funcionarios de Justicia, que suponen el 93 por ciento de los trabajadores de la administración de Justicia". "El PSOE tiene que mandarle al Gobierno un mensaje, que no puede desentenderse de la negociación colectiva de los funcionarios de Justicia, como lleva haciendo el Ministerio desde hace más de dos meses", censuró Banciella.

Entre sus principales reivindicaciones, los funcionarios denuncian que "hay muchas tareas que se realizan en los juzgados que se le reconocen a un cuerpo pero realmente las está haciendo otro". "Queremos que esas funciones se nos reconozcan y se nos retribuyan", afirma.

Según explica, desde un colectivo de letrados de Las Palmas se ha reconocido que los funcionarios son "los más desfavorecidos en la administración de justicia, los que menos retribuciones tienen y que además sufren un reparto de funciones artificioso". "Por lo que hacemos nosotros, otros cobran productividad y nosotros no", lamentó.

La cacerolada de hoy coincide en el tiempo con la primera reunión del colectivo con el Ministerio, en Madrid, que se ha producido tras la amenaza de presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo a Pilar Llop por "vulnerar el derecho de negociación colectiva y no convocar al comité de huelga". En virtud de lo que suceda en ese encuentro, se decidirán los siguientes pasos a dar dentro de una convocatoria de huelga indefinida que está contando con un seguimiento que ronda entre el 80 y el 85 por ciento en Valladolid y en el conjunto del país. "Esperamos que el Ministerio de Justicia de una vez decida dar un paso adelante y abrir una negociación, que haga una oferta económica seria o seguiremos en la lucha", apunta antes de advertir de que no contemplan "bajar la guardia".

"No cabe decir que el Gobierno está en funciones y no tiene capacidad de negociación. Lo primero, porque el Gobierno estará en funciones sólo una vez que se haya votado el próximo 23 de julio y deba formarse un nuevo Ejecutivo; y, en segundo lugar, porque si el conflicto sigue latente a estas alturas, es por la incomprensible negativa del Gobierno a negociar con los funcionarios de Justicia, que representan el 93 por ciento de los que trabajan en esta administración", explica el responsable de Justicia en CSIF Castilla y León.