La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la condena al titular del criadero de perros de Melgar de Fernamental, clausurado cautelarmente por la Junta en febrero, por un delito de intrusismo al colocar el microchip a dos perros vendidos en 2016 sin ostentar la condición de veterinario. El Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos le impuso 2.160 euros de multa y el pago de las costas judiciales, pena que se ha confirmado al desestimar su recurso.
Los animales fueron puestos a la venta en un portal de anuncios de internet, en el que se especificaba que estaban «desparasitados, vacunados y con pasaporte y microchip», según se recoge en la sentencia, dictada a raíz de la causa abierta por la denuncia de dos compradoras. Una de ellas testificó que ese identificador se lo colocó él mismo «en medio de la calle, en la plaza del pueblo», y así ha quedado acreditado ante el juez, pese a que el criador lo niega y asegura que la mujer le acusa por una supuesta relación de enfrentamiento y enemistad que no ha sido probada. La segunda denunciante no vio poner el microchip pero no quiso pagar más dinero por un perro que no reunía las características que le había prometido.

Los microchips se compraron a la Cooperativa Avícola, según el veterinario que trabajaba allí, porque el criador era cliente. Este profesional no pudo certificar si había colocado él los dispositivos, puesto que el control lo debe llevar el responsable de los animales. Un agente de la Guardia Civil certificó que la adquisición es legal, pero no constan en ningún registro. 

El presidente del Colegio de Veterinarios, que compareció en el juicio como perito, explicó que «los microchips solo pueden implantarse por un profesional veterinario debidamente registrado y no por personas que no ostenten tal condición», como era el caso del titular del criadero. Aunque es perfectamente legal adquirir los detectores a una empresa comercial, la organización profesional también los vende como servicio a los colegiados, con la diferencia de que «los adquiridos en el colegio ya están en la base de datos y registrados, formando parte de su ‘despensa’, mientras que los otros se tiene que incorporar a la base de datos» con una clave de utilización, según se detalla en la sentencia.

«Ninguna prueba sobre tal registro se aporta por el acusado, ni tampoco en cuanto a cómo ni cuándo se implantaron por el veterinario tales microchips en esos dos animales. Ni tan siquiera se acredita documentalmente, a fin de haber acreditado la prestación de un servicio profesional por el citado veterinario con respeto a dichos animales, del abono que en tal caso se debió de realizar al mismo por ello», concluye la Audiencia para ratificar la resolución del juez de primera instancia.

No es la primera vez que la justicia dicta una condena relacionada con este criadero de perros y su polémico titular. A finales del año pasado, el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos impuso a D.O.U. una pena de un año de prisión por un delito continuado de maltrato animal, tras una denuncia de la asociación Proanbur.