El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, afirmó esta tarde en el Parlamento autonómico que "la administración electrónica es un camino sin retorno" y sentenció que o es así "o no será". "Sin la pandemia que lo ha agilizado, el Consejo entiende que el informe sería vigente igualmente", defendió.

En su quinta comparecencia del año en la Comisión de Economía y Hacienda, Amilivia presentó dos informes, ambos "pioneros" en el ámbito de control externo sobre el uso de las nuevas tecnologías de la sociedad digital en las administraciones públicas: uno sobre la e-administración y otro sobre las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación online.

Subrayó que "la administración electrónica es una oportunidad no exenta de riesgos" que las entidades locales "deben conocer y superar". También apeló a la importancia de "ser conscientes de que hoy, esos riesgos, esas amenazas, deben ser neutralizados con carácter permanente". En base a ello, valoró el avance que están dando las administraciones locales de Castilla y León en un ámbito tan sensible y transcendental en las relaciones entre estas y la ciudadanía.

Esta fiscalización, destacó, ha servido para diagnosticar desde una "visión constructiva propuestas de mejora que permitan superar las debilidades detectadas en el uso de tecnologías digitales e informáticas y que consolidan la posición del Consejo de Cuentas entre los órganos autonómicos de control externo más avanzados en esta materia".

En esta línea, señaló que el informe sobre la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales, aprobado el 30 de diciembre de 2021, verifica cómo ejercen sus competencias las diputaciones en la prestación de servicios en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la aplicación de la normativa relacionada por parte de los ayuntamientos.

Por otro lado, examina los programas presupuestarios destinados a la administración electrónica, analizando la transformación digital de los siete ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes (Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en la de Salamanca; y Benavente, en Zamora).

Elevado grado de aceptación

El Consejo de Cuentas emitió ocho recomendaciones, cinco dirigidas a las diputaciones y el resto a los municipios. El informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2021, que incluye a todas ellas, refleja un elevado grado de aceptación por parte de las corporaciones provinciales y las entidades locales, "bien corrigiendo carencias, aplicando parcialmente medidas o bien tomándolas en consideración".

Del análisis pormenorizado del cumplimiento de las recomendaciones, las diputaciones alcanzan un 90 por ciento en el grado de aceptación y los ayuntamientos un 72 por ciento, expresión del avance que "se está produciendo en una materia que permite a todas las personas que se relacionan con las administraciones mayor rapidez y comodidad, evitando a los usuarios tiempos de espera, desplazamientos y horarios concretos, y permitiendo un acceso más sencillo a la información", tal y como expuso el presidente del Consejo de Cuentas.

Este informe, el de implantación y gestión de la e-Administración en las entidades locales, significa que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 2015, han convertido la tramitación electrónica en su actuación habitual. Por ello, la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo Autonómicos acordó en 2020 la realización de una fiscalización coordinada en la materia.

Amilivia recordó que el trabajo verifica el ejercicio por parte de las diputaciones de sus competencias en la prestación de servicios de administración electrónica a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la aplicación de la normativa relacionada por parte de los ayuntamientos. Por otro lado, examina los programas presupuestarios destinados a la administración electrónica y analiza la transformación digital de los siete ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes.

La fiscalización abarca el año 2019, extendiéndose hasta el 2 de abril de 2021, fecha en la que, tras sucesivas demoras, entraron en vigor las últimas previsiones relativas a la administración electrónica contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para realizar el trabajo se identificaron en las leyes referidas, por una parte, ocho servicios de administración electrónica cuya entrada en vigor tuvo lugar el 2 de octubre de 2016 y, por otra, otros cinco servicios cuya entrada fue el 2 de abril de 2021.

Entre las principales conclusiones, con relación a la planificación u organización del servicio ofrecido por las diputaciones, manifestó que todas ofrecen el servicio de administración electrónica a los municipios de menos de 20.000 habitantes, obligadas por la Ley de Régimen Local, aunque cinco de ellas (Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria) no disponen de planes específicos para implantar la e-Administración en los ayuntamientos.

El servicio prestado por las diputaciones es utilizado por casi todos los 2.232 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, exactamente por 2.194 (el 98,3 por ciento). Se ofrece sin contraprestación económica, a excepción de la de Segovia, que cofinancia la figura para los consistorios más grandes. Todas las diputaciones han externalizado el servicio integral, según Amilivia, "y todas las licitaciones han recaído en una misma empresa". "Si se unieran fuerzas, seguro que se podría optimizar el contrato, porque son nueve provincias y la misma empresa. Debería reflexionarlo la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP)", invitó Amilivia, quien expuso que "ninguna de las diputaciones, salvo la de Valladolid, aporta informes o estudios para fundamental el modelo elegido" y "tampoco sobre la reutilización de soportes, a lo que está obligado por cuestiones de eficiencia", advirtió.

En cuanto a las conclusiones sobre el detalle del servicio de administración electrónica prestado, apuntó que al cierre de 2019 el conjunto de las nueve diputaciones había implantado en los ayuntamientos un 81,9 por ciento de los ocho servicios de administración electrónica cuya entrada en vigor no fue objeto de prórroga (sede electrónica, sistema de identificación y firma, sistema de identificación electrónica, expediente electrónico, archivo electrónico, plataforma de intermediación de datos, carpeta electrónica y servicio de verificación de datos y códigos seguros de verificación), prestación que alcanza el cien por cien en cinco diputaciones.

En cuanto a los cinco servicios objeto de prórroga hasta su entrada en vigor en abril de 2021, el nivel general de prestación se sitúa en el 71 por cinto (punto de acceso general electrónico, registro electrónico, de apoderamientos, de empleados públicos habilitados y el archivo electrónico único).

En 2019 la prestación del servicio de administración electrónica representó en conjunto el 17,2 por ciento del gasto de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) Las diputaciones de Burgos, Salamanca y Valladolid fueron las que mayores recursos destinaron, superando en los tres casos los 300.000 euros. Entre las nueve abonaron a la adjudicataria del servicio de administración electrónica por un importe total de 1,3 millones de euros. "¿No creen ustedes que las diputaciones podrían hacer un esfuerzo mayor en este sentido, cuando vemos año tras año que tienen remanentes que, en algunos casos, son superiores a la respectiva capital de provincia?", cuestionó.

Por su parte, las conclusiones referidas al detalle del servicio del que disponen los ayuntamientos mencionados refieren que todos disponen, en mayor o menor medida, de un sistema de e-Administración. Solo Astorga (León) presentaba un nivel global negativo al no alcanzar un resultado en 10 de los 12 ítems revisados.

Además, Amilivia ninguno de ellos dispone de la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. De manera generalizada tampoco cumplen con la mayor parte de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, con la excepción de Benavente (Zamora) y de La Bañeza (León).

Sobre el coste de la transformación digital para estos municipios, los cuatro que utilizan el sistema gratuito proporcionado por las diputaciones (Béjar, Ciudad Rodrigo, La Bañeza y Santa Marta de Tormes) refieren coste cero o muy bajo. Astorga, Benavente y Villaquilambre implantaron dichos servicios con recursos propios mediante contratación con una empresa, antes de ser ofrecidos por las diputaciones. En concreto, los gastos fueron de 98.000, 53.000 y 155.000 euros, respectivamente.

Amilivia advirtió que sobre las actuaciones ante la plena entrada en vigor de la normativa sobre administración electrónica, los ayuntamientos tienen pendientes de implantar algunos sistemas relevantes para cumplir con los preceptos legales de aplicación.

Entre los sistemas que no se encuentran generalizados destaca el archivo electrónico único. También registran un bajo nivel de utilización en la plataforma de intermediación de datos y además la transformación de los registros en oficinas de asistencia en materia de registro todavía no se ha realizado en aspectos clave, con excepción del Consistorio de La Bañeza.

En cuanto a la estrategia de transformación digital, la mayoría de los siete analizados no ha seguido un plan definido. Béjar, Ciudad Rodrigo, La Bañeza y Santa Marta de Tormes "no habían realizado actuaciones hasta que la diputación de su provincia comenzó a prestar el servicio". Benavente y Villaquilambre disponían de un sistema implantado años atrás y Astorga se encontraba en licitación cuando la diputación ofreció el servicio.

Recomendaciones

El Consejo emitió ocho recomendaciones, las cinco primeras dirigidas a las diputaciones y el resto a los ayuntamientos reflejando un elevado grado de aceptación. Con relación a las diputaciones, se les instó a regular la prestación de los servicios en esta materia; a incrementar sus esfuerzos para impulsar la interoperabilidad de los servicios prestado con los del resto de las administraciones; acometer también, según el respectivo grado de implantación, las correspondientes actuaciones para la definitiva puesta en funcionamiento de los 13 servicios de administración electrónica y diseñar y poner en funcionamiento indicadores de seguimiento de la prestación de estos servicios por parte de los ayuntamientos.

En cuanto a los municipios, las recomendaciones pasan por incrementar sus esfuerzos para alcanzar la plena adaptación de sus servicios de administración electrónica a los requerimientos establecidos en las leyes mencionadas; adecuar sus sistemas de funcionamiento al cumplimiento de la vigente normativa del Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Nacional de Interoperabilidad y sobre protección de los datos de carácter personal. Finalmente, adoptar las medidas oportunas para informar a los ciudadanos de las posibilidades que ofrece la e-Administración.

Durante el debate, el portavoz de UPL-Soria Ya, José Ramón García, apeló a la necesidad de la formación ciudadana en e-Administración y a los funcionarios que deben acometer estos trabajos; mientras, Francisco Javier Carrera (Vox), criticó la "falta de homogeneidad" entre diputaciones y ayuntamientos por el mismo trabajo.

Pedro González, del PSOE, recordó que las cinco diputaciones que gobierna el "PP desde hace varios años no tienen planes específicos de prestación de servicios a pequeños municipios", en referencia a Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria. "¡Ver para creer!", exclamó, para sostener que "las han convertido en su cortijo a pesar de lo necesitados que están los municipios".

Por último, David Beltrán, del PP, recordó el factor acelerador de la pandemia hacia la e-Administración y destacó que el funcionamiento interno digital de los ayuntamientos "no se ha trasladado al ciudadano, pues se mantiene información obsoleta en las web de los consistorios". También consideró "significativa" que entre los elementos no implantados se encuentre el uso de la plataforma de intermediación de datos, que permitiría a los ciudadanos "no presentar documentos que ya se encuentran en manos de las administraciones". "Esto sería algo muy importante", dijo.