El proyecto de ley de restauración de la naturaleza que quiere Bruselas no gusta a casi nadie. Tras superar la semana pasada una enmienda a la totalidad con una votación empatada, este martes el Parlamento Europeo no ha sido capaz de aprobarla, lo que en la práctica supone dejar en manos de un pleno dividido la decisión final sobre si tumba o no la nueva regulación en su sesión de julio. El resultado final de la votación ha sido de 44 votos a favor y 44 en contra, por debajo de la mayoría a favor, de modo que se presentará al pleno el rechazo de la propuesta de Bruselas.

Ahora, el Parlamento Europeo en su conjunto deberá tomar una posición, como ya han logrado los Veintisiete, que sí han acordado su mandato sobre la ley, y que se prevé que se vote en la sesión plenaria del 13 julio en Estrasburgo, a la espera de la aprobación de la agenda por la Conferencia de Presidentes. Si se aprueba, la ley pasará a negociaciones a tres bandas (trílogos) entre el Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales y la Comisión Europea para acordar un texto.

La ley ha sido duramente criticada por el Partido Popular Europeo, que ha manifestado su rechazo frontal a la normativa en las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por considerar que «no es suficientemente buena» y que va «en contra de todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores».

En este sentido, el vicepresidente europeo para el Pacto Verde, Frans Timmermans, confesó la semana pasada que le entristecía que «algunos intenten llevar la política climática a las guerras culturales porque entonces se crea una oposición tribal y una vez que se entra en ella, los hechos ya no importan. La crisis climática trasciende a las diferencias políticas y atajarla debería ser algo panpolítico, no de derechas o de izquierdas», aseguró.

La propuesta pretende ayudar a recuperar los hábitats europeos, el 80% de los cuales se encuentran en mal estado según Bruselas, y fija, para lograrlo, objetivos y obligaciones específicos jurídicamente vinculantes, muchos de los cuales van a caer sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos. El texto de Bruselas busca establecer medidas de recuperación que cubran al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050.

El texto será modificado y enmendado aún de cara a la votación crucial en el plenario en julio, antes de la negociación final con los Estados miembros. Pero su paso por la comisión competente de Medio Ambiente era importante para saber cómo llega la propuesta a ese gran examen en el hemiciclo, después de que las de Agricultura y la de Pesca hubieran rechazado la iniciativa, aunque su opinión fuera sólo consultiva.

Grandes corporaciones.

Ya antes de la votación de este martes, COAG cuestionaba el contenido de la propuesta de ley de restauración de la naturaleza. En primer lugar la organización denunciaba un «contenido vago e impreciso. No concreta cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones, vitales para mantener la biodiversidad en nuestros campos y liderar una transición verde justa». COAG añadía que son loables los objetivos que señala, como «la necesidad de más empleos relacionados con la agricultura en las zonas rurales para preservar la biodiversidad», sin embargo, la propuesta carece de las medidas necesarias para alcanzarlos, manifiestan.

La OPA también calificaba a la norma de «injusta e hipócrita. Los criterios de la actual PAC (más exigencias medioambientales con menos presupuesto y recursos) y los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países no confieren el contexto necesario para una transición verde real, dado que los agricultores y ganaderos no reciben el apoyo necesario para poder adaptarse. Pedir 'elementos paisajísticos de alta diversidad en las tierras agrícolas' es un mero brindis al sol si no va acompañado de un giro de 180 grados en las políticas comerciales y de regulación de mercados de la UE para evitar una competencia desleal de las importaciones y garantizar una estabilidad de precios e ingresos a nuestros productores. Sin sostenibilidad económica de las pequeñas y medias explotaciones no tendremos sostenibilidad ambiental», afirmaba Andoni García, responsable de Organización y Medio Ambiente de COAG.

«Aunque esta propuesta busca preservar la vida silvestre y los ecosistemas, no incluye ninguna medida para proteger el modelo social y profesional de agricultura y no propone ningún freno al proceso de uberización del campo. No se puede atajar un síntoma sin abordar las causas profundas. En España, el 7% de las grandes corporaciones y fondos de inversión ya acaparan el 45% del valor de la producción final agraria, acaparando las mejores tierras de cultivo, un freno para el acceso y la incorporación de jóvenes al sector agrario».

La organización añadía que «no se ha contado con los afectados y aumenta la carga burocrática. Los distintos actores deben asumir equitativamente la responsabilidad de alcanzar los objetivos, y los hombres y mujeres del campo deben poder participar de forma efectiva en el proceso para definir de qué manera se lleva a cabo. Y no cabe aumentar aún más la carga administrativa».

Finalmente destacaba que, «si bien es importante restaurar los ecosistemas dañados, la UE debe evitar un enfoque basado en porcentajes de superficie terrestre y marina a conservar. Esta visión obsoleta que busca acotar la llamada naturaleza salvaje ha demostrado su ineficacia tras 50 años de investigación científica. No reconoce la riqueza de la interacción de las actividades humanas y agrícolas con su entorno, en las producciones manejadas con un enfoque más sostenible, en los pastos correctamente gestionados, en los territorios comunales, etc.».