Los sectores económicpos y políticos que se quejan de que el alquiler de la vivienda se desindexe del IPC son los mismos que quieren que se desindexe la subida de las pensiones del incremento de los precios. Ocurre que en el primer caso supone que los tenedores de viviendas para alquilar se verían muy beneficiados con esa medida, mientras que los pensionistas a los que se les aplicara un índice distinto al IPC perderían poder adquisitivo. La aprobación de la ley de la vivienda, la primera en democracia para tratar de dar cumplimiento a un derecho recogido en la Constitución ha sido votada en el Congreso y se espera que sea refrendada en el Senado antes de que se celebren las elecciones del 28-M.  

Los efectos de la aplicación de la ley no tardarán en verse y se podrá comprobar si, como defienden sus detractores, retira viviendas del parque de alquiler y hace más difícil la posibilidad de emanciparse a los jóvenes que buscan su primer hogar, o si los grandes y pequeños tenedores consideran que es mejor ganar unas rentas tasadas y garantizadas que en el caso de que las disminuyan les pueden proporcionar beneficios fiscales, o dejar los pisos en barbecho. En cualquier caso, como ocurrió con los precios de los pisos con la burbuja inmobiliarias, en algún momento es preciso frenar unas subidas desbocadas en las denominadas zonas tensionadas. Nadie habla de cercenar el derecho de propiedad y lo que conlleva, pero sí de que como en todos los sectores de la economía se produzca una regulación y se tengan en consideración algunos conceptos más que el de beneficio, porque la ley considera la vivienda un derecho y no solo un bien de mercado. .  

La ley nacerá bajo la amenaza de incumplimiento por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y los nacionalistas que consideran que la ley invade sus competencias, y la reacción del Gobierno de que estará vigilante para que se aplique en todos los territorios. En el aspecto en el que las comunidades autónoma tendrán un papel determinante será en el controvertido asunto de la 'okupación' de viviendas. Serán estas quienes tendrán que emitir un informe al juzgados sobre la situación-n de vulnerabilidad de los 'okupas' y poner en marcha los procedimientos de mediación con los grandes tenedores, aunque a la vista del estado de los servicios sociales y de sus posibilidades de reacción es posible que se genere un nuevo foco de conflictividad.  

Es difícil negar que son aspectos positivos de la ley que se aumente den un diez por ciento la reserva de suelo público para la construcción de viviendas sociales, o que se prohíba la venta de estos inmuebles a fondos buitres, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, aunque nadie haya pagado judicialmente por ello  

Entre la denuncia por parte de los partidos que han votado en contra de la ley de que limita el derecho a la propiedad y defiende a los' okupas', y las críticas por el otro lado de que se podía haber ido más lejos en la regulación de este mercado hay un trecho que se puede recorrer y  dar lugar a aliviar el problema de la vivienda que ha de resolverse mediante la combinación de dos elementos, sacar al mercado las viviendas vacías, y la ley trata de beneficiar tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, y mediante la construcción de nuevas vivienda, algo en lo que están de acuerdo PP y PSOE aunque no en el mecanismo p