Vi amanecer el lunes mientras tiraba los cartones de las pizzas que mis compañeros periodistas y yo habíamos cenado haciendo el especial electoral. Cerrábamos el chiringuito y nos íbamos a casa a dormir.
Podría haber llegado antes, pero siempre que termino un programa me es imposible conciliar el sueño. Es una sensación extrañísima: se apaga la cámara y llega una euforia que no te deja descansar.
Después de recoger y comentar la jugada, llegaba a casa. Vaso de agua y a dormir. Tres horas más tarde mi móvil empezó a vibrar como si se estuviera acabando el mundo a base de notificaciones. Con el maquillaje de la tele de la noche anterior todo corrido, el moño en modo 'no molestar' y al borde de la desaparición como especie por cansancio, descubro que hay elecciones generales en un mes y medio.
Es una decisión tácticamente brillante del presidente. Es una de estas apuestas en las que se arrastran las fichas al centro de la mesa y te la juegas con todo. «Puede ser legal, pero no decente», decía Sánchez sobre las listas de EH Bildu. La misma frase se puede aplicar a esta convocatoria electoral: puede ser una decisión amparada en la prerrogativa del presidente de desconvocar las cámaras (art. 115 CE), una gran estrategia personal y un giro de efecto de los que nos tiene acostumbrado, pero no es decente para nuestra democracia.
Las vacaciones y la extenuación de los que vivimos las elecciones desde dentro es lo menos importante. Este adelanto de seis meses supone que los partidos dañados en las elecciones no puedan reestructurarse (Podemos y Ciudadanos), que el PSOE no se cuestione los motivos de su derrota, que la izquierda quede fracturada con una mínima posibilidad de unirse (Sumar, IU, Más País y todo el baile de siglas) y que comencemos el 1 de julio nuestro turno de Presidencia del Consejo de la UE con un gobierno en funciones, unas elecciones en dos semanas y el poder autonómico y local sin conformar por los retrasos de los pactos.
Una democracia con partidos más débiles y sin la posibilidad de asumir los resultados en sus estructuras puede ser favorable para el presidente, pero no para el país.