La histórica sanción impuesta a la química mirandesa Montefibre Hispania -sin actividad desde 2022 y en concurso de acreedores- sienta un precedente para las cerca de 60 empresas de Castilla y León que participan, en mayor o menor medida, en el comercio europeo de derechos de emisión y que deben cumplir con la obligación de entregar sus derechos antes del 30 de abril de cada año.

En Burgos, 16 industrias realizan esta gestión para controlar sus gases de efecto invernadero, entre ellas, referentes como Adisseo, Bridgestone, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Kronospan, Verallia, Papeleras del Arlanzón, Pepsico o Minería Santa Marta, entre otras. Son un ejemplo de las miles de industrias que participan en esta carrera por la descarbonización del planeta.

España, según los últimos datos del Inventario de Emisiones GEI del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), emitió en 2021 un total de 288,6 millones de toneladas de CO2 equivalente. Son un 5,15% más que el año de pandemia (excepcionalmente bajo en estos registros por los confinamientos), pero un 34,7% menos de las que se emitían en 2005, cuando se activó el mercado de emisiones.

El sector más emisor de GEI es el transporte (con el 29,3% de las emisiones), seguido de la industria (20,7%), agricultura y la ganadería (13,4%), generación de electricidad (11,3%), consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional (8,8%) y los residuos (4,6%). 

La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2 un 55% en 2030 con relación al nivel de 1990, objetivo recogido en el paquete legislativo conocido como 'Fit for 55%'.