Las empresas que reducen la emisión de gases caen dos puntos

SPC
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Una de cada tres compañías de Castilla y León implementó medidas de «adaptación» para disminuir el impacto del cambio climático en las condiciones laborales, 2,8 puntos más que en el año 2021

Un operario examina los paneles solares sobre la cubierta superior de una empresa en la capital burgalesa. - Foto: Alberto Rodrigo

El 28,3 por ciento de las empresas de Castilla y León adoptó medidas de «mitigación» en el año 2022 para reducir el impacto del cambio climático en las condiciones laborales de sus trabajadores, 1,9 puntos menos que en 2021. Las medidas de «mitigación» están dirigidas a «reducir las emisiones netas a la atmósfera de gases de efecto invernadero, que son, en última instancia, el alimento del cambio climático antropogénico», según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La media nacional se situó en el 35,2 por ciento, cuando un año antes se encontraba en el 27,6, según la Encuesta Laboral Anual, recientemente publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogida por Ical.

Entre las medidas de mitigación del cambio climático que adoptaron las empresas de Castilla y León, el 89,2 por ciento se decantó por la adquisición de productos de mayor eficiencia energética, y un 88,9 por ciento, por la adecuación de la iluminación a sistemas más eficientes.

Asimismo, el informe precisa que un 83,7 por ciento se decantó por una programación del sistema de climatización y mantenimiento; un 80,7 por ciento, por el seguimiento del gasto energético; y un 72,6 por ciento, por la instalación de de temporizadores y termostatos que mejoren la eficiencia energética.

Las empresas que reducen la emisión de gases caen dos puntosLas empresas que reducen la emisión de gases caen dos puntos - Foto: FS ICAL

Por último, un 33,7 por ciento vio adecuado el fomento del uso de transporte colectivo, un 33,3 por ciento apuntó a la instalación de paneles fotovoltaicos; un 1,5 por ciento por el uso de energía eólica; y un 7,2 por ciento, por otras medidas.

Medidas de adaptación.

La Encuesta Laboral Anual también concreta que una de cada tres empresas (33,3 por ciento) de Castilla y León implementó en 2022 medidas de «adaptación» para reducir el impacto del cambio climático en las condiciones laborales de sus trabajadores, 2,8 puntos por encima de dato del año anterior. A pesar del aumento del porcentaje de compañías preocupadas por la mejora y adaptación de sus actividades hacia los cambios que se están produciendo en el clima, lo cierto es que la Comunidad se sitúa muy por debajo de la media para el conjunto nacional, que está en el 42,2 por ciento.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico esta adaptación se contempla como «la capacidad de adoptar medidas orientadas a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc».

El informe, recogido por Ical, precisa que casi dos de cada tres empresas que adoptó este tipo de medidas, un 63,6 por ciento, apostaron por una «modificación de la infraestructura de la empresa para hacerla más segura y sostenible». Asimismo, un 42,2 por ciento se decantó por la «promoción de medidas de flexibilización del horario laboral para reducir el efecto del cambio climático en los trabajadores».

El documento revela asimismo que el 37,7 por ciento apostó por una «gestión de iniciativas de prevención y desarrollo de protocolos de actuación para situaciones de emergencia»; mientras que tan solo un 12,2 por ciento se decantó por una «gestión de iniciativas verdes».

Concienciar.

La encuesta encargada por el departamento que dirige Yolanda Díez indica asimismo que el 31,2 por ciento de las empresas de la Comunidad, había realizado campañas de concienciación a sus trabajadores acerca de la adaptación y mitigación al cambio climático.

Por último cabe destacar que casi una cuarta parte del tejido empresarial (el 23,7 por ciento) se muestran dispuestas a incrementar las actuaciones siempre que pudieran recibir subvenciones o ayudas a la Administración General del Estado para cubrir total o parcialmente el coste de estas medidas.