El tiempo corre al mismo ritmo que se reduce el margen del Ayuntamiento para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones. El plazo de prórroga fijado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aplicar esta normativa de movilidad expira el 31 de diciembre y el proceso previo exigido para la implantación de Burgos Central exige un recorrido que amenaza con superar los tiempos marcados.
Después de 10 meses de mandato, el área de Movilidad dirigida por José Antonio López fija para el 19 de abril el inicio de una carrera contra el reloj para cumplir con lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ello, de paso, asegurará los 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos que peligrarán -de nuevo- si la Zona de Bajas Emisiones no es una realidad antes del inicio 2025.
El próximo Pleno someterá a aprobación el borrador del texto normativo y ese será el pistoletazo de salida de una cuenta atrás de poco más de siete meses de duración que tendrá por objetivo completar con éxito todos los pasos a seguir en los despachos y sobre el terreno.
El actual equipo de Gobierno se opuso desde el primer momento al planteamiento de Burgos Central desarrollado por el anterior Ejecutivo y ha pasado casi medio año desde que el 20 de octubre de 2023 se tomara un nuevo camino para diseñar desde cero la Zona de Bajas Emisiones. Pasado este tiempo, hoy se dispone de un borrador que aún tiene que pasar diferentes tramitaciones.
Una vez aprobada la propuesta inicial, el periodo de exposición pública se comerá otro mes que servirá a ciudadanos y colectivos para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Aunque en Movilidad consideran que estos casos se evaluarán y resolverán «en 15 días», cabe recordar que la experiencia reciente necesitó tres meses para responder a estas cuestiones. Cualquier error de cálculo o complejidad aparecida en este punto estresará al límite los plazos antes de la aprobación definitiva de la normativa.
Aun en el caso de superar con éxito y rapidez este proceso, el equipo de Gobierno aún deberá resolver otra cuestión clave: el inicio de un nuevo expediente para contratar las obras y la instalación de los elementos de vigilancia establecidos para controlar el perímetro restringido.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 que declaró nulo el procedimiento de contratación con Etralux al carecer de una ordenanza reguladora cortó las alas a la propuesta diseñada en el pasado mandato por el PSOE y facilitó al nuevo equipo de Gobierno su eliminación.
Ahora, José Antonio López avanza que el Ejecutivo intensifica los contactos para llegar a un acuerdo con la empresa que zanje la resolución de aquellas condiciones e incluya, a la vez, una modificación del contrato de gestión del Tráfico también suscrito con Etralux. Con el tiempo se comprobará si esta estrategia tendrá recorrido. Mientras, el 31 de diciembre se acerca de forma inexorable.
El borrador de la nueva ordenanza, que han redactado el PP y Vox, limitará el tránsito de vehículos cuando se detecten episodios elevados de contaminación al centro histórico mediante la instalación de cámaras que leerán las matrículas.
El límite por el norte será la calle Francisco Salinas, al este la calle San Lesmes, al sur la calle Miranda y al oeste el paseo de los Cubos. A mayores se sumarían las calles Francisco Salinas, Fernán González, Doña Jimena y San Esteban, así como la pasarela de la Evolución Humana, el puente de Santa María y el Paseo de la Audiencia.
Sí tendrán acceso a la ZBE todos los coches que tengan distintivo ambiental (categorías 0 Emisiones, ECO, C y B) y los que estén catalogados como históricos. Las multas por incumplir serán de 200 euros y se baraja ampliar el contrato con la empresa que se encarga del control del tráfico para instalar las cámaras.