44 enfermeras, 35 médicos y médicas, 22 técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, un celador, once profesionales del área administrativa, dos fisioterapeutas y una trabajadora social sufrieron alguna agresión por parte de un paciente durante el desarrollo de su trabajo en el área de salud de Burgos entre enero y septiembre de 2023. En total, fueron 116 los profesionales que se vieron implicados, a su pesar, en 103 incidentes ocurridos en hospitales y centros de salud de la ciudad y provincia, lo que supone un 18,4% de crecimiento con respecto al año anterior, que, no obstante, es menor que el experimentado sobre 2021, que fue del 22,5%. Son parte de las cifras que hizo públicas en diciembre la sección de agresiones al personal de centros sanitarios del Observatorio de Castilla y León.
Estos datos, que incluyen el hecho de que el 38% del total de las víctimas fueron enfermeras, no sorprenden ni a la presidenta del Colegio de Enfermería, Esther Reyes, ni a la secretaria provincial del sindicato Satse, Silvia López Venero. «Esto quiere decir que somos las que más contacto tenemos con los pacientes, y más estrecho, y, desde luego, que existe una tensión manifiesta por el deterioro del sistema sanitario. Las listas de espera y las plantillas muy ajustadas hacen que quien no ve sus demandas satisfechas, en algunas ocasiones reaccionen del peor modo, que es agrediendo verbal o físicamente a las profesionales que están al pie de la cama», afirma Reyes. Y es que de los 103 incidentes, 63 se produjeron en hospitales donde fueron víctimas 75 profesionales del total.
Para López Venero estos datos no son más que la punta del iceberg porque las enfermeras, mayoritariamente, no denuncian las agresiones: «A veces es tal la presión que se tiene en los trabajos y son tan habituales las faltas de respeto que se considera que es 'normal', que es parte del día a día», señala. Por eso, exige mayor protección y más facilidades para denunciar: «Creo que deberían ser las coordinaciones y las direcciones de los centros quienes denunciaran después de que les fueran comunicados hechos así porque es tan farragoso el sistema para hacer una denuncia que muchas desisten porque no tienen tiempo y porque saben que eso no les va a quitar el susto o el disgusto que se hayan llevado».
La secretaria sindical, que afirma que desde Satse se ha ayudado a varias compañeras a cumplimentar las denuncias, considera, además, que las profesionales están poco protegidas y pone como ejemplo que en algunos centros de salud rurales los profesionales están «literalmente aislados». «Es cierto que en los centros de salud hay cámaras -no en las consultas- y que existe el botón del pánico pero, también, que a pesar de ello las faltas de respeto y las agresiones no descienden. Por eso, creemos que es necesario que se incrementen las medidas de protección y no nos parecería descabellado contar con más persona de seguridad, sobre todo en determinados servicios o en momentos como los fines de semana, cuando se multiplica la asistencia y también las agresiones».
En este sentido, señala que los puntos más críticos, donde debería incrementarse ese acompañamiento de los profesionales, son las urgencias, «sobre todo en el triaje, que es el momento, en el hospital, en el que se valora al paciente antes de pasar a los boxes» y los servicios de salud mental «por el tipo de pacientes cuyas circunstancias, a veces, desembocan en situaciones difíciles» aunque en la estadística a nivel regional, los trastornos de los pacientes ocupan el cuarto lugar de las causas por las que se producen las agresiones. Coincide, además, con Esther Reyes en el sentido de que las enfermeras tienen una especial vulnerabilidad por su cercanía al paciente. «Nosotras no tenemos la culpa de las listas de espera e intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, no es de recibo que se ceben con el trabajo de las profesionales».
Según los datos oficiales, las causas que más incidentes provocan en el sistema sanitario de la comunidad autónoma son la disconformidad con la atención (un epígrafe impreciso en el que se podrían incluir desde las largas esperas para una cirugía o una consulta hasta el conflicto por la realización o no de una prueba diagnóstica); lo que el Observatorio llama las «demandas del usuario», la disconformidad con el trato recibido, y, en cuarto lugar, como ya se ha dicho, los trastornos que pueda sufrir el propio paciente. Conductas problemáticas, adicciones y tiempos de espera son los otros epígrafes en los que se engloban.
En la estadística que ha dado a conocer el Observatorio de Castilla y León están incluidos los dos incidentes serios que sufrió el punto de atención continuada (PAC) el año pasado por estas fechas. En uno de ellos, una médica temió por su integridad física ante la agresividad que desplegó de madrugada un paciente al que le acompañaba otra persona y que pusieron a la profesional en serios apuros, por lo que necesitó un tiempo de baja. En aquel momento, se quejaron los trabajadores de que no estaban lo suficientemente protegidos y que, el botón del pánico, que realmente es una aplicación informática que impulsa el trabajador desde su ordenador y avisa a sus compañeros, no funcionaba. A día de hoy, este recurso sí está operativo, pero Sacyl no ha respondido a las demandas de los profesionales en el sentido de que tengan una vigilancia cerca. «Hay una persona para todo el hospital a la que tenemos que llamar si pasa algo porque no está presente en el área de urgencias y, de este modo, no se puede disuadir a quien tenga la intención de crear un incidente», explicaron desde el PAC.
El área de salud de Burgos es la segunda que más incidentes ha registrado después de Valladolid (que tiene dos (este y oeste), donde se produjeron 125 agresiones verbales o físicas a 144 trabajadores.