UGT denunció la "falta de sensibilidad y de voluntad política" de la consejera de Familia, Isabel Blanco, ante la "precariedad laboral" que soportan "históricamente" los trabajadores que atienden a personas con discapacidad. Trabajadores de los centros de Atención a la Discapacidad en la Comunidad, se concentraron hoy frente a la sede de la Consejería de Familia en Valladolid, que inician una serie de actuaciones encaminadas a la dignificación salarial de los trabajadores "de una vez por todas".

De hecho, desde la firma del XII Convenio de Educación Especial y Atención a la Discapacidad los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo, no firmado ni avalado por UGT, no han
hecho sino empeorar sus condiciones de trabajo y salariales. Para el sindicato "estamos ante un
ejemplo de precariedad laboral masiva que necesita de profundos cambios normativos".

El sindicato indicó que el 80 por ciento de la gestión de los centros de la comunidad se encuentra en manos privadas, que obtienen beneficios como consecuencia de las "condiciones precarias de los trabajadores". Además, apuntó que se trata de un sector muy feminizado, con contratos parciales y, en consecuencia, con una percepción salarial muy por debajo del SMI. 

En este contexto, UGT reclamó la equiparación de los servicios de Atención a las Personas con Discapacidad con los centros públicos puesto que las plazas de atención son mayoritariamente de titularidad pública, aunque los centros no lo sean y "dignificar al sector y a sus trabajadores de manera urgente".

Y es que, para UGT, "si la sociedad, y la Junta de Castilla y León entienden que las condiciones de vida de las personas con discapacidad deben ser las mejores posibles, los trabajadores que se encargan de su cuidado también deben de tener necesariamente unas condiciones dignas".

Por tanto, reclamaron a la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una reunión urgente para exigir, entre otras cosas, la homologación salarial mediante un complemento autonómico similar al que ya perciben otras comunidades como Aragón, Murcia, Castilla La Mancha, Baleares y Asturias.