Entre el mes de junio de 2020 y el de julio de 2023 un total de 9.366 personas han recibido en la provincia de Burgos el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación cuyo destino son aquellas personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas y que tiene como objetivo el riesgo de pobreza y exclusión social. En los datos recientemente publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se refleja que de los 3.054 expedientes aprobados, en 1.789 las solicitantes fueron mujeres (58,5%), que también han sido mayoría como beneficiarias (53,7%). El tipo de hogar mayoritario en el que se ha recibido este soporte económico es aquel en el que vive una persona sola (693), seguido del que está compuesto por dos adultos y más de dos menores (468). La provincia de Burgos ocupa el cuarto lugar dentro de la comunidad autónoma por el número de IMV recibidos después de León (6.532), Valladolid (5.814) y Salamanca (4.721).
Los requisitos básicos que se exigen para poder recibir esta ayuda económica son los de tener residencia legal en el país durante el último año, salvo excepciones como los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género; encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo que se acredita teniendo en consideración el patrimonio del demandante y que la unidad de convivencia que lo solicita se haya formado, al menos, en los últimos seis meses.
Que las mujeres sean las principales solicitantes y beneficiarias del IMV no es ninguna sorpresa para quienes conocen bien la parte de la sociedad burgalesa más vulnerable, como la trabajadora social de Cáritas Almudena López. Es el fenómeno que se denomina la feminización de la pobreza en el que incluyen cuestiones relacionadas con el género, como que entre las mujeres hay más paro que entre los varones, que ellas tienen empleos más precarios y con una mayor temporalidad y que dentro de la economía sumergida tienen más presencia (sobre todo en el ámbito del cuidado de personas o la limpieza de casas donde son una inmensa mayoría).
También ellas son más proactivas a la hora de pedir ayuda cuando las cosas no van bien económicamente en la casa. Esto explica que mientras el número de solicitantes es bastante más elevado entre las mujeres que entre los hombres, en los beneficiarios esté más igualado: «Aunque tanto mujeres como hombres sufren los rigores de las dificultades económicas, son ellas a las que vemos en el despacho, las que dan el paso adelante para pedir ayuda para su familia, las que más se mueven ante la angustia de pensar qué va a pasar, por ejemplo, con sus hijos. Ese primer paso y las gestiones siempre lo hacen las mujeres».
Por otro lado, en cuanto a las familias monoparentales -muchas de ellas con dificultades para afrontar los gastos del día a día- es rara la que está encabezada por un hombre. «En una infinita mayoría son mujeres, que tienen unas enormes dificultades, por ejemplo, para la conciliación porque tampoco es infrecuente que, además del cuidado de los menores, tengan a su cargo, además, a personas mayores».
La cuantía que se recibe en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) está siendo en 2023 (se revisa anualmente) y para una persona 565,37 euros, que supone el 100% del importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre doce. Para una unidad de convivencia es la cuantía anterior incrementada en un treinta por ciento por miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del doscientos veinte por ciento.
El problema con el que se siguen encontrando las personas que dependen de esta ayuda para vivir es que tarda mucho más tiempo del que sería recomendable en llegar. Almudena López asegura que es alrededor de seis meses -en ocasiones más- el tiempo que pasa desde que se solicita hasta que se concede, si eso ocurre. ¿Y qué pasa durante todo este tiempo? Que las familias tienen que recurrir a las ayudas municipales que se gestionan en los ceas o a las de entidades sociales como Cáritas o Cruz Roja.
Su acceso tiene también otras dificultades, como el hecho de que se fija en las retribuciones del año anterior al que se solicita, por lo que en muchos casos, si la persona ha trabajado y ahora se encuentra en situación de desempleo, los ingresos que recibió en el ejercicio anterior hacen que la ayuda sea muy escasa: «Conocemos casos de personas que están cobrando entre ciento y pico y doscientos euros, lo que les obliga a depender de otras ayudas».
El Ingreso Mínimo Vital -aportado por el Gobierno central- no es compatible con la Renta Garantizada de Ciudadanía, gestionada por la Junta de Castilla y León. Solo si el primero se deniega se puede solicitar la segunda, es más, se trata de un requisito indispensable para que pueda empezarse a gestionar. Y mientras la burocracia sigue su paso, estas personas tienen que seguir recurriendo a ayudas externas. La brecha digital, por otro lado, suele complicar aún más el proceso, ya que no todas las personas son capaces de desenvolverse con soltura en internet.