Cada día son muchos los servicios de seguridad privada que se prestan en diferentes establecimientos ubicados en el centro de la ciudad como entidades financieras, administraciones públicas o privadas. Por ello, la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser) ha reclamado que se les exima de las restricciones que contempla la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o 'Burgos Central' y así se lo ha trasladado al Ayuntamiento en la consulta previa a la modificación de la Ordenanza Municipal de Movilidad para su regulación antes de su entrada en vigor en enero de 2023. La normativa regulará las medidas contra la contaminación y que consistirán fundamentalmente en la regulación del acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes en la ZBE.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Federación de Empresarios de Comercio (FEC), que exige que se permita la carga y descarga y el reparto de mercancías con todas las garantías. La entidad, que también ha hecho esta petición en el periodo de consulta previo, también reclama la puesta en marcha de un plan de movilidad alternativo a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y consensuar con los sectores afectados un periodo de transición para adecuarse a las nuevas medidas establecidas. 

Su presidenta, Consuelo Fontecha, teme que la nueva regulación tenga afecciones a la movilidad de clientes y trabajadores y por ello reclama que se regulen excepciones y moratorias de acceso a vehículos que todavía no dispongan del dispositivo medioambiental exigido y que se eviten tasas adicionales al sector comercial que «lastren la competitividad de las empresas locales». 

Además de estos dos colectivos, el Servicio de Movilidad y Transporte Urbano ha recibido aportaciones de otros once colectivos o particulares. La Asociación Andando Burgos sugiere facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta y mejorar el uso de la red de transporte público e incluir medidas de integración intermodal. También reclaman que se reordene el espacio público y que la flexibilidad de la implantación «no esté plagada de excepciones». 

La Asociación Burgos con Bici recuerda la necesidad de contar con una red «cohesionada, segura, cómoda, accesible, señalizada y balizada» para estos vehículos e interconectada con otros nodos de movilidad. El colectivo reclama corredores ciclistas que comuniquen polígonos, barrios y la universidad con la ZBE y que la velocidad máxima se limite a los 30 kilómetros a la hora. Además, pide que se reserven espacios para estacionar bicicletas en edificios de viviendas o públicos.

La Confederación de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (Cocemfe) propone que se permita a las personas con movilidad reducida, para que en caso de necesidad, puedan circular con sus vehículos dentro de la Zona de Bajas Emisiones mientras que desde Ecologistas en Acción se pide que las medidas de restricciones sean permanentes y no estén vinculadas a episodios de contaminación. 

Otros colectivos que han hecho aportaciones son el Consejo de Barrio del G-9 o el Grupo Municipal de Podemos. En el primer caso se propone construir un aparcamiento subterráneo rotatorio en el campo de fútbol situado entre las calles Juan de Padilla y la avenida de Cantabria para evitar el paso de vehículos a la zona centro y que la parte superior se convierta en un espacio de encuentro intergeneracional. 

Podemos propone que los umbrales que se tengan en cuenta para restringir el tráfico sean los que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se establezcan limitaciones al tráfico con independencia de la clasificación ambiental del vehículo. 

El concejal de Movilidad, Leví Moreno, indicó que las sugerencias se han analizado y se tendrán en cuenta en la medida de lo posible. Mientras se trabaja en el texto de la modificación de la Ordenanza de Movilidad que espera tener a final de este mes. «Cuando los cambios en la ordenanza se aprueben de manera inicial en el Pleno de octubre, se abrirá un periodo de alegaciones que se deberán contestar», señaló. 

El objetivo es que esté aprobada antes de que concluya el año, dado que la ZBE entrará en vigor el 1 de enero de 2023 aunque se está hablando de un posible aplazamiento por parte del Gobierno Central. «Nosotros trabajamos con la fecha 1 de enero de 2023 pero si dan más tiempo las cosas se harán con más tranquilidad», concluyó.