Casi cinco años después de declararse firme, el Ayuntamiento de Aranda de Duero tendrá que ejecutar a la mayor brevedad posible la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de 2002 que anula la subida salarial aplicada a los funcionarios municipales entre 2000 y 2003 por encima de la fijada por los Presupuestos Generales del Estado y deberá ‘buscarse la vida’ para aplicar el con sus propios medios un fallo que obliga a la devolución de las cantidades percibidas indebidamente.
Aunque el Consistorio planteó al Alto Tribunal un incidente procesal para que determinase qué procedimiento seguir para su cumplimiento y aclarase las numerosas dudas surgidas, la resolución ha supuesto un jarro de agua fría puesto que, como reconoce a DB la alcaldesa, Raquel González, viene a decir a los responsables municipales que se dejen de marear la perdiz y que ejecuten de una vez por todas el fallo en los términos establecidos. «Lo que nos dice es que lo ejecutemos, que ahora no vengamos con tontadas. Que estamos comprando vendas sin tener herida, que no empecemos a decir que si hay gente que ha fallecido, que no se cuál y no se qué. Que ejecutemos ya», explica la regidora.
El incidente de ejecución se había propuesto porque se planteaban interrogantes respecto a cómo podía afectar el fallo a personas que ya no están en el Ayuntamiento por traslado o jubilación o han fallecido, o en cuanto a las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social y a Hacienda en concepto de IRPF o al ámbito temporal de aplicación.
Se trata de una sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo en 2007, que anula la subida salarial aplicada en aquel trienio en cuanto al incremento del nivel de complemento de destino de diversos puestos de trabajo, el abono de complementos específicos y el pato de incentivos por jubilación anticipada por la que un158 trabajadores del Ayuntamiento se verán obligados a devolver una sustanciosa cantidad de dinero. A 31 de agosto de 2009 se cifraba en 2,5 millones de euros, pero se ha ido incrementando puesto que las nóminas todavía no se han puesto al día ya que ni siquiera se han regularizado las cantidades que legalmente deben percibir.
La oposición criticaba ayer que pese a que hace ya bastantes días que la resolución de incidente de ejecución había llegado al Ayuntamiento el equipo de gobierno la hubiese mantenido en secreto.
Raquel González, que no ha querido facilitar el contenido del auto judicial hasta entregárselo a los grupos municipales, ha querido dejar claro que no ha pretendido ocultar este asunto. Subraya que si se ha impulsado ha sido por su interés personal puesto que pese a que el pleno municipal aprobó en diciembre de 2010 la apertura de la vía incidental, el tema se había quedado dormido hasta que en este mandato ella dio orden a los servicios jurídicos de tramitarlo. «Lo que hay que dejar claro es que quien lo ha presentado he sido yo. He sido yo quien me he tenido que preocupar de que se presentase el incidente de ejecución que no se había presentado porque el Letrado Mayor estaba con otros temas», aclara
PLENO EXTRAORDINARIO
En cualquier caso garantiza que se va a ejecutar el fallo y en este sentido anuncia que va a convocar un pleno extraordinario para adoptar el acuerdo. «Tenemos que ejecutar y es lo que haremos. Convocaré un pleno extraordinario en el que voy a proponer una resolución en el pleno de acogerse al cumplimiento de la sentencia en los términos que diga el informe», remitiéndose al trabajo que se ha encargado al Oficial Letrado Mayor y que presentará en la junta de portavoces que se va a celebrar hoy, y que se ha visto demorada a la espera de la esclarecedora información.
Un acuerdo que, en cualquier caso, subraya que dejará las vías abiertas para que tanto los sindicatos como los trabajadores puedan ejercer sus derechos de defensa. «Tenemos que garantizar el cumplimiento de una sentencia. a hora bien, los trabajadores tendrán que hacer lo que a su derecho convenga», indica.