El Gobierno de coalición del PSOE y Cs ya tiene una estimación de lo que le costará a la ciudad la instalación del pavimento podotáctil que servirá para que las personas invidentes se puedan guiar en las siete calles en las que el Ayuntamiento de Burgos, con la inminente entrada en vigor de una nueva ordenanza, permitirá la ubicación de terrazas adosadas a fachadas. Vías Públicas, que de manera inusual había presentado una alegación al texto aprobado ya inicialmente, finalmente no ha puesto resistencia a realizar el cálculo del desembolso que habrá que realizar para renovar una parte del firme en las llamadas 'ordenaciones singulares' y lo cifra, de manera somera, en 220.000 euros.

El Ejecutivo municipal necesitaba conocer cuánto le podía costar esta actuación ya que en el Presupuesto no existe una partida para realizar esta intervención y será necesario habilitarla en la modificación de crédito que se espera aprobar a lo largo de las próximas semanas.

Es con la colocación de este pavimento especial como desde el área de Licencias se ha querido sortear en zonas puntuales una sentencia del Tribunal Supremo que en 2019 prohibía las terrazas adosadas a fachadas ya que vulnerarían la normativa en materia de accesibilidad. Fundamentalmente, al impedir que las personas invidentes puedan orientarse en su caminar con las fachadas de los edificios.

Afectadas por esta sentencia estarían las terrazas ubicadas en las calles Sombrerería, San Lorenzo y la Plaza Roma, pero también las de las calles San Carlos y Arco del Pilar (en sus intersecciones entre San Lorenzo y Laín Calvo), Diego Porcelos (en sus intersecciones entre Sombrerería y La Paloma) y entre los números 3 y 4 de la plaza del Rey San Fernando (...).

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