El pasado mes de enero, tras alguna que otra queja vecinal por la bochornosa imagen que daba de la ciudad unos carteles publicitarios abandonados que se asoman desde el Camino de Mirabueno a la BU-11, la Concejalía de Licencias decidió firmar un requirimiento en el que daba a los teóricos propietarios de los carteles (o lo que queda de ellos) un mes de plazo para retirar las viejas estructuras metálicas. De no hacerlo, se advertía de que la inacción podía ser causa de «imposición de multas coercitivas».

La sorpresa ha venido porque la empresa a la que se le había ordenado retirar los carteles vino a decirle al Ayuntamiento que se había equivocado ya que las vallas se encontraban en terrenos de titularidad municipal. Así lo confirma el concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, al detallar que al menos 4 de las 6 estructuras estarían en suelo público y, por tanto, aseguró que dará la instrucción de que sea el Consistorio el que se encargue de desmontarlas.

Lo que no ha trascendido es quién colocó en su día unas vallas que el arquitecto municipal, en una visita al lugar a finales del año pasado, ya advirtió que se encontraban «abandonadas». Se detallaba la existencia de tres estructuras en desuso sin soporte publicitario (solo con el esqueleto metálico) y de otras tres también muy deterioradas.

Se instaba a quienes se creían que eran los propietarios de las mismas a que, en cumplimiento de la normativa, ejecutaran «las obras necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y ornato público».

Lo que parece haberse demostrado es que el Ayuntamiento erró al buscar culpables cuando la responsabilidad de los cárteles era suya. Lo que se desconoce es quién los colocó en su día, si tenía autorización para hacerlo y si pagó por la ocupación del dominio público.

Las vistas de la ciudad para quien circule por la BU-11 mejorarán tras la retirada de las estructuras publicitarias.