Los hechos se remontan al 14 de junio de 2022. Ese día, la Policía Local recibe un aviso de un ciudadano que informaba de dos mordeduras de un perro «de grandes dimensiones» a un vecino en el rellano de un edificio de la avenida de Derechos Humanos, motivo por el cual la víctima había tenido que acudir a un centro de salud cercano.
Las cosas no se quedaron ahí, ya que cuando los agentes acudieron al lugar y pidieron a la poseedora del animal que lo sacara al rellano para pasarle el lector del microchip a la mascota, se vieron incapaces de realizar esta tarea «debido al carácter agresivo del animal», ya que en dos ocasiones el perro, de nombre 'Chispi', atacó a los policías.
En un informe de la Policía Local se detalla que un primer momento se intentó localizar al titular del animal «para conocer qué tipo de cuidados y educación había recibido» pero no dieron con él aunque sí descubrieron que existía sobre el dueño de Chispi «una orden de averiguación de domicilio y detención del Juzgado de Instrucción».
Un mes después del suceso, el 20 de julio de 2022, el área de Medio Ambiente emitió una orden para la confiscación del perro (un cruce de pastor alemán), fue en septiembre cuando se dictó ya la propuesta de resolución y en octubre se recibieron las alegaciones presentadas por la poseedora y por el propietario del animal en las que solicitaban el «sobreseimiento del expediente» al defender que los daños que había ocasionado Chispi eran de menor entidad a los expuestos por los demás interesados.
En noviembre, la Policía Local notificó la resolución del expediente sancionador en la que se desestimaban las alegaciones y ya, de manera definitiva, se acordaba «la confiscación de Chispi».
Pasan los meses hasta que en junio de este año se recibe otra llamada en la Policía Local en la que «se escuchan los gritos de una mujer pidiendo ayuda». Al llegar los agentes se encontraron con la poseedora de Chispi «con numerosas heridas profundas en el bazo derecho y en el costado». Comunica que le ha mordido Chispi, el perro de su pareja.
Llega el momento de contactar con la protectora Scooby, la asociación que presta el servicio de recogida de animales, pero «en un principio se niegan a acudir» pese a que, según se recuerda en el informe, «están obligados» en virtud del contrato firmado en su día con el Ayuntamiento.
Finalmente, después de cuatro horas acudieron al lugar dos empleados de Scooby «quienes, oyendo la agresividad del perro, decidieron permanecer en el interior del anterior. Pasadas varias horas y tras varios ataques de Chispi», se logró «confinar» al animal en una estancia de la vivienda hasta que se procedió a sedarlo. Se pudo realizar la lectura del microchip, que dejó una última sorpresa, el perro figuraba «dado de baja a causa de muerte» cuando no era cierto. Pudo ser trasladado a las instalaciones de la protectora.
Al menos hasta noviembre del año pasado nadie había reclamado la recuperación del animal. El Ayuntamiento acordó traspasar la titularidad de Chispi a la Administración. Se ha llevado el perro a un veterinario para que lo evalúe.