La campaña de 2015-2016 marcó un punto de inflexión para el potencial vitícola de España. La Unión Europea, con el objetivo de garantizar un crecimiento ordenado de las plantaciones de vid durante el periodo de 2016 a 2030, estableció un nuevo sistema para la gestión de los nuevos viñedos basado en un régimen de autorizaciones. Para poder obtener una autorización, la norma comunitaria marcó tres vías: por arranque de un viñedo, por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015 o a partir de un cupo que se pone a disposición anualmente y que será como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior.
Desde la entrada en vigor de este nuevo régimen, Castilla y León ha conseguido aproximadamente dos de cada diez hectáreas de nuevas viñas autorizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la mayor parte de ellas en las denominaciones de origen de la Comunidad, principalmente Ribera del Duero y Rueda. Con estas limitaciones, las últimas anualidades tan solo un tercio de los viticultores castellanos y leoneses que han presentado solicitudes para plantar nuevas viñas han logrado finalmente cupo.
Por campañas, durante el año 2016 se concedieron 955,4285 hectáreas de las 4.173 que se habilitaron a nivel nacional. No fue el año que más se autorizaron, ya que en 2020 se llegó a las 964 en Castilla y León y a 4.750 a nivel nacional. Las cifras han caído bastante en las últimas anualidades, ya que han pasado de esas 964 hectáreas que se podían plantar en 2020 a las 123 del año 2021 y las 129 de 2022. Unas cifras que se deben principalmente a las decisiones impuestas por los propios consejos reguladores de la Ribera del Duero y Rueda que se ha acogido a la posibilidad que les ofrece el nuevo régimen de autorizaciones de viñedos de la UE y limitaron su crecimiento.
En el caso de 2023, el Ministerio comunicó hace unos días que Castilla y León contará con 314 hectáreas autorizadas para nuevas plantaciones. Esta cifra ha venido condicionada por las 235 hectáreas de crecimiento máximo establecido para la Denominación de Origen Ribera del Duero. Dicha decisión fue ratificada por la Junta de Castilla y León que considera que de esta forma se garantiza un crecimiento sostenible, pues el volumen de vino que genera puede ser absorbido por el mercado. A las restricciones de la Ribera se suman las de la Denominación de Origen Rueda, que decidió limitar a una hectárea las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en el ámbito territorial de la denominación para los años 2023, 2024 y 2025. Estos limites se adoptan porque el crecimiento puede «suponer un riesgo de oferta excesiva de productos vinícolas o de devaluación significativa de la zona».
Jóvenes
De la superficie total nacional concedida, el 84 por ciento corresponde a viticultores con pequeña y mediana explotación, un 19 por ciento de ellos jóvenes. El seis por ciento de la superficie autorizada se destina a jóvenes de nueva incorporación al sector, según los datos remitidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estas concesiones se realizan sobre una superficie solicitada de 3.213 hectáreas, que se reduce a 2.375 en base a los criterios de admisibilidad y tras aplicar el límite máximo de cinco hectáreas por cada uno de los solicitantes. La demanda de autorizaciones en el sector a nivel nacional mantiene su tendencia a la baja. La superficie solicitada este año ha caído un 16 por ciento con respecto a 2022, que a su vez ya se redujo en un 17 por ciento sobre el ejercicio de 2021.
Como todos los años, los beneficiarios deben recibir sus comunidades autónomas la notificación de las solicitudes concedidas antes del 1 de agosto. Los beneficiarios de las nuevas autorizaciones tienen ahora un periodo de tres años para poder plantar. En caso contrario perderán su derecho.