El Ayuntamiento ha recibido ya más de 8.000 peticiones de devolución de la subida del IBI que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) consideró indebida y cuya nulidad declaró. No obstante, la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo. 

Ahora queda la compleja tarea de tramitar todas las reclamaciones y argumentar si se procede a la devolución de la cantidad cobrada indebidamente o no. En varias ocasiones desde el área de Hacienda se ha afirmado que no se estimarán los recursos presentados por los burgaleses pero la administración es garantista y debe realizar todos los trámites y argumentar la citada negativa expediente por expediente. 

Los ciudadanos no solo han recurrido el recibo de 2013, sino algunos también los de 2012 y 2014. El fallo del TSJ consideró que se infringió la denominada Ley Montoro, que marcaba una subida del 4% para las ciudades que hubieran aprobado su ponencia catastral de valores entre 2008 y 2011 (Burgos lo hizo en 2009 con efectos para 2010). Sin embargo, la ordenanza aprobó un 5,3%, lo que supuso pasar de un tipo impositivo del 0,462 al 0,486. El Ministerio de Hacienda respaldó en un informe al entender que no superó el límite (1).

El Tribunal Supremo deberá decidir si confirma la sentencia y, posteriormente, determinar la cantidad a devolver.