Trece meses después de que la ley de vivienda aterrizara en el Congreso, y muchos más desde que se empezara a debatir en Moncloa, los 'socios' de investidura han cerrado un acuerdo que permitirá al Gobierno sacar adelante la norma que, previsiblemente, será la última gran ley de la legislatura antes de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año. Entre otras cuestiones, el proyecto acordado limitará la subida de los alquileres, considerará gran tenedor a quienes tengan cinco inmuebles (la mitad de los de ahora) y cargará al propietario los polémicos gastos de gestión inmobiliaria. Este desbloqueo parece una buena noticia, pero en cambio no ha dejado satisfecho a nadie con excepción de los dos partidos que sustentan al Gobierno y los independentistas de ERC y Bildu, en quien se ha apoyado una vez más el PSOE para sacar adelante sus iniciativas legislativas.
La intervención y regulación del mercado casi nunca suele dar buenos resultados y esa es la fórmula elegida por los socialistas y sus socios para acabar con la especulación y los abusos. No se trata de ser agoreros y advertir desde ahora que la pretensión de topar los precios del alquiler y otras medidas que restringen un incremento anual basado en la inflación puede condicionar a los propietarios y cerrar aún más un mercado que en España se encuentra con bastantes dificultades en algunas zonas. Ni propietarios ni inquilinos han recibido con alegría este proyecto de ley, ya que ambos colectivos, aunque por razones diferentes, consideran que no va a solucionar los problemas de la vivienda.
Otro de los aspectos que se ha debatido mucho durante los últimos meses es la posibilidad de que algunas de las medidas de la ley invadiera las competencias autonómicas e incluso municipales. Parece que lo han solventado, al menos inicialmente, aunque aún no se conoce con detalle el acuerdo, presentado por los dirigentes de ERC y Bildu con la ausencia total del Gobierno o de los grupos que lo sustentan. Las zonas tensionadas (la otra definición polémica) serán susceptibles de ser declaradas por las comunidades autónomas como tal por tres años con opción a prórroga si se cumplen al menos una de las dos condiciones fijadas por el texto que aprobó el Consejo de Ministros y permitirá al inquilino solicitar prórrogas obligatorias por tres años con el alquiler congelado. Habrá que esperar, no obstante, a la letra pequeña para ver cómo queda engarzado la delimitación y declaración de estas zonas.
En definitiva, el Gobierno pretende aprobar una ley comprometida desde el inicio de la legislatura que se había encasquillado tras su llegada al Congreso. Ahora se llevará a cabo una rápida tramitación, en la que seguramente no sean aceptadas nuevas enmiendas de otros grupos políticos tras asegurar los 18 votos de los independentistas que les permitirá sacar adelante el proyecto. Una nueva ocasión perdida para legislar de forma positiva y solucionar algunos de los problemas del mercado de la vivienda.