El nombramiento hace apenas diez días de Esther Peña como nueva portavoz del PSOE a nivel nacional ha colocado a la socialista burgalesa en el centro de las miradas. En vísperas de la votación en el Congreso de la Ley de Amnistía, la también diputada nacional se ha convertido en la voz de Ferraz y ayer no dudó en comparar el desafío secesionista de 2017 con las revueltas de tres años antes en el barrio de Gamonal, en oposición a la construcción del fallido bulevar de la calle Vitoria.

Peña, en contraposición con algunas investigaciones judiciales en curso, afirmó de manera tajante que «el independentismo incurrió en prácticas reprobables, pero no hubo terrorismo». Suavizó de esta forma las acusaciones contra los Comités de Defensa de la República o los CDR y fue ahí cuando diferenció a estos movimientos de los de «ETA, Terra Lliure, el Grapo, el 11-M y el terrorismo de extrema derecha» durante la transición (en alusión a la matanza de Atocha).

Para Peña, la actuación de Tsunami Democràtic no es terrorismo y se asemeja más a los ataques durante los últimos meses a la sede de Ferraz, a los disturbios de Gamonal de hace una década o a las protestas de los mineros y de los trabajadores de astilleros deAsturias y Galicia.

La estrategia del PSOE en los últimos días, y tras haber ido corrigiendo y modulado su discurso sobre la amnistía desde el periodo preelectoral hasta la actualidad, se ha centrado en tratar de desvincular los movimientos del independentismo más radical del terrorismo e incluso para ello se ha comenzado a cuestionar el papel de algunos jueces que habrían visto indicios para imputar por terrorismo a algunos de los actores del proceso secesionista. En las últimas semanas se ha dejado ver que el Rey Felipe VI podría haber sido en 2020 un objetivo de Tsunami Democràtic y ha regresado a escena la llamada trama rusa del procés, en la que se investiga la relación del Gobierno de Putin con el entorno de Puigdemont, en una estrategia de desestabilización de la Unión Europea.

De las palabras de Peña, se desprende que los socialistas se acercan al relato de sus socios catalanes para la investidura ya que, a diferencia de las declaraciones que se hicieron en el periodo preelectoral, el PSOE no solo no discute ya la Ley de Amnistía (antes considerada inconstitucional) sino que, a la vista de declaraciones recogidas por diferentes medios de comunicación, incluso cuestiona el papel de algunos jueces.Ridiculiza cualquier relación de los CDR o Tsunami con el terrorismo, hasta el punto de denunciar una obsesión de partidos como el PP o Vox porque se hable de terrorismo y trata de confundir a la opinión pública.

Lo cierto es que los socialistas van, poco a poco, cumpliendo con el acuerdo que firmaron con Junts y que sirvió para que Pedro Sánchez volviera a ser investido como presidente del Gobierno. La Ley de Amnistía ya no se discute, la línea roja de los delitos de terrorismo parece que ha desaparecido e incluso el PSOE empieza a hacer suyo el relato de los de Puigdemont. Incluso en lo que tiene que ver con el llamado lawfare (al menos sobre los últimos pronunciamientos de los jueces).

Peña equiparó ayer las acciones de Tsunami Democrátic a prácticamente cualquier protesta con algaradas. Lo mismo dan las realizadas frente a la sede de su partido que las de Gamonal o de un gremio como el de los mineros.