El nuevo equipo de gobierno inició su andadura hace apenas un mes y medio, pero en ese tiempo los partidos que lo conforman, el PSOE e IU-Podemos, han acordado varias medidas. Entre ellas se encuentra la creación de una Comisión de Resolución de Conflictos, específica para solventar los problemas que durante años ha arrastrado el departamento de Personal. Este órgano ya ha echado a andar e, incluso, ha servido para cerrar un primer acuerdo. Los partidos con responsabilidades de gestión en Miranda se han comprometido a elevar a la Junta de Castilla y León el largo y sonoro choque que la administración municipal mantiene con buena parte de la plantilla de la Policía Local a causa de su salario.
El concejal de Seguridad Ciudadana y Personal, Pablo Gómez, quien preside este nuevo órgano, explica que la reunión inicial, a la que también acudieron representantes sindicales de los agentes, «ha sido una primera toma de contacto». En el encuentro de esta semana pasada, el equipo de gobierno ha «escuchado cómo es la visión de la situación» por parte de los funcionarios y les han «ofrecido» solicitar una cita con el consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para que esta entidad se involucre en el proceso, ya que los asuntos sobre la Policía Local en el ámbito regional están relacionados con esa sección al ser la matriz de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.
Precisamente, el motivo por el cual se ha seleccionado a la Junta para que dé explicaciones a los agentes reside en que, hace ya tres años, la administración regional presentó un recurso de apelación ante el TSJ contra la subida de niveles y de sueldo que la Corporación aprobó para la Policía Local. En este sentido, el edil de Seguridad Ciudadana reconoce que también la Delegación de Gobierno rechazó aquel aumento retributivo, que el Tribunal Superior de Justicia terminó «echando para atrás».
Ahí comenzó el problema y el equipo de gobierno cree que resulta necesario que sea una de las administraciones implicadas en ello la que transmita si es posible subir los salarios o si, por el contrario, no existe una forma legal, como siempre ha expuesto el propio Ayuntamiento tras el revés judicial. El edil Gómez apunta que este trámite todavía está en un momento temprano, dado que aún deben solicitar la reunión con la Junta, pero adelanta que los propios agentes «no lo veían mal» y aceptaron la propuesta. Habrá que esperar, por tanto, para saber cómo ven la respuesta que llegue por parte de una institución diferente al Consistorio, al que han lanzado severas críticas en los últimos meses.
Y es que el conflicto se extiende mucho en el tiempo, pero sigue candente. El problema con las múltiples bajas médicas que merman a la plantilla municipal está muy presente. Sin ir más lejos, durante las fiestas patronales de Miranda y a lo largo de los cuatro días que duró el festival Ebrovisión, la Policía Nacional tuvo que multiplicar sus esfuerzos, tareas y efectivos para dar la cobertura necesaria en el ámbito de la seguridad ciudadana. Así ha ocurrido también en anteriores ocasiones, dado que la notable falta de agentes que dependen del Ayuntamiento comenzó en San Juan del Monte de 2022, cuando varios no acudieron a sus puestos por causas justificadas a la par que iniciaban sus protestas por el salario.