El fútbol español afronta desde hace casi dos meses una de sus mayores crisis de reputación y credibilidad por las revelaciones del caso Negreira, que extienden un velo de sospechas sobre las relaciones del Fútbol Club Barcelona y la cúpula arbitral, y que ponen en entredicho la transparencia y la integridad de un deporte que debería velar por ser escrupulosamente justo y equitativo. El daño a la imagen ya no solo del fútbol español, sino incluso a la marca España, puede ser de tal magnitud que el Gobierno ha decidido esta semana solicitar personarse como acusación particular a través del Consejo Superior de Deportes después de que la Fiscalía Anticorrupción investigue al club catalán por unos supuestos pagos irregulares de más de 7,5 millones al exárbitro José María Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 24 años, sin que existiera ningún contrato escrito ni ningún trabajo real que justificara esos ingresos.

Todo lo que envuelve a este oscuro asunto emana un insoportable hedor. Resulta inconcebible que un club como el FC Barcelona, que siempre se ha arrogado unos valores que van más allá del fútbol, mantuviese en nómina durante dos décadas a uno de los máximos responsables del estamento arbitral o que sucesivos presidentes culés pagasen cantidades muy por encima de lo que valían los servicios técnicos supuestamente dispensados. Ninguna empresa seria se gastaría buena parte de su presupuesto a cambio de unos informes técnicos tan endebles, que nadie sabe para qué servían, ni si reportaban un beneficio concreto. El escándalo pone en entredicho la reputación y la imagen del Barça, así como la limpieza y la transparencia de las competiciones en las que participa. Desde que se hizo pública la investigación, los rectores del club blaugrana han adoptado una actitud defensiva y evasiva, limitándose a negar cualquier tipo de corrupción o trato de favor. El presidente Joan Laporta, responsable de iniciar los pagos en su anterior mandato, sigue sin ofrecer explicaciones convincentes sobre los motivos y los objetivos de esos pagos millonarios. Su única estrategia hasta ahora ha sido demandar a periodistas que han informado y opinado sobre el caso, acusándolos de calumnias. 

El Barça se enfrenta a un futuro incierto y sombrío, tanto en el plano deportivo como en el penal. Podría ser sancionado con multas económicas o incluso la expulsión de competiciones nacionales e internacionales si se demuestran las sospechas. El autodenominado como 'más que un club' tiene poco margen para reaccionar y tratar de salvar su prestigio y su historia. Su única opción, por ahora, es colaborar con la Justicia, asumir sus responsabilidades y pedir perdón a sus socios y a toda la afición al fútbol. Solo así podrá recuperar algo de credibilidad y confianza.