El endurecimiento en los requisitos para poder acceder al bono social eléctrico podría dejar en menos de un mes a 20.849 usuarios burgaleses fuera de esta ayuda que nació en 2009 con el objetivo de que los colectivos más vulnerables pagaran menos por el recibo de la luz. Esa es la cifra de clientes que en la actualidad disfrutan de este descuento en la provincia, pero que no han solicitado acogerse al nuevo modelo diseñado por el anterior Gobierno. Porque ya no cumplen los requisitos para acceder al descuento, porque no se han preocupado en realizar la gestión o, sencillamente, porque desconocen los cambios que se van a producir.
El cambio de normativa se iba a haber hecho efectivo la pasada primavera, pero el Gobierno decidió ampliar hasta el 8 de octubre el plazo para que los usuarios soliciten acogerse al nuevo bono social. Eso sí, también es cierto que esa puerta, siempre que se cumplan los requisitos, está abierta. Aunque claro, no carácter retroactivo.
Los que sí han cumplido ya los deberes son los 6.719 usuarios de Iberdrola que ya han demostrado su carácter vulnerable. Para ser exactos, un 32% del total de los clientes que tienen el bono social.
¿Dónde produce la normativa una de las grandes cribas? Antes, bastaba con tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios en la vivienda habitual para beneficiarse del bono social. Independientemente de la situación económica de la persona. Otros requisitos (no excluyentes) eran cobrar la pensión mínima, pertenecer a una familia numerosa o que todos los miembros de la unidad familiar se encontraran en desempleo.
Ahora, con la nueva normativa, se ha identificado varios grupos distintos que podrán beneficiarse del nuevo bono social. Los «consumidores vulnerables», con derecho a un descuento del 25% en la factura (en función de la renta anual y los miembros de la familia), los «vulnerables severos», con una rebaja en el recibo del 40%, las familias numerosas (la ayuda varía en función de los ingresos) y las víctimas de violencia de género o del terrorismo.