El impacto que la inflación está teniendo en los alimentos y la energía y el alza del precio de los alquileres y de las hipotecas hace que muchas familias tengan que recurrir a la administración más cercana para que les eche una mano para poder subsistir. La Gerencia de Servicios Sociales ha decidido incrementar en 100.000 euros el dinero que destina a las ayudas de urgencia social o urgente necesidad al quedarse escasos los 727.142 euros consignados a falta de un mes para que concluya el año, al tiempo que el equipo de Gobierno (PP y Vox) contempla aumentar esta partida de cara a los presupuestos del Ayuntamiento para 2024. De hecho, ya se han gastado 647.578 euros a fecha de 23 de noviembre en las 845 ayudas que se han concedido (durante todo 2022 se otorgaron 863). Se han tramitado 1.040, pero 159 han sido denegadas.
Tradicionalmente estas prestaciones han estado vinculadas a personas vulnerables perceptoras de la renta garantizada de la ciudadanía, el ingreso mínimo vital o prestaciones no contributivas y, de hecho suponen el 60% de las concedidas, pero la subida de los niveles de renta hasta cuatro veces el IPREM (8.400 euros en 14 pagas para 2023) para poder recibirlas ha hecho que otro tipo de familias puedan acceder a ellas en situaciones muy puntuales, por ejemplo cuando no pueden hacer frente a algún pago por el alza de los alquileres o de los intereses de las hipotecas. De este modo, se les da un pequeño empujón para que salgan del bache.
Las ayudas de urgencia social, como su propio nombre indica, están concebidas para cubrir necesidades perentorias que no pueden esperar a otro tipo de convocatorias y que los solicitantes tienen que resolver en breve plazo de tiempo. De ahí que el mayor número de ellas se destinen a la llamada «subsistencia» y compra de alimentos para adultos e infantiles, con 490 ayudas concedidas (el 53,90% del total) por un importe de 351.346 euros, seguidas de las 191 que contribuyen a pagar el alquiler (27,49%) por 178.000 euros y evitar desahucios y 13 para abonar alguna letra de la hipoteca. El otro gran grupo lo conforman las otorgadas para abonar facturas de suministros (gas y luz, principalmente) a quienes se han quedado sin ingresos y no tienen otra manera de afrontarlo con un total de 77 (37.326 euros) o la compra de enseres básicos (13) por 11.120 euros.
También se otorgaron 41 prestaciones para alojamientos alternativos en hostales o pensiones o residencias de mayores y 19 para gastos odontológicos, prótesis o rehabilitación y 16 para libros de texto. Estas últimas han disminuido como consecuencias de las becas para su compra o préstamos que concede la Junta.
Informe del Ceas. La tramitación de estas ayudas se realiza a través de los centros de acción social (Ceas). Los trabajadores sociales realizan un informe de la situación de las familias y comprueban que cumplan los requisitos y una comisión técnica de prestaciones del área de Acción Social decide la concesión o no. La ayuda económica en situaciones de urgencia social es temporal, finalista, inembargable, extraordinaria, no habitual y de pago único y que posteriormente debe justificarse que se ha destinado al fin para el que fue concedida o de lo contrario se podría pedir su inmediata devolución.
Los ceas que más ayudas tramitan son San Pedro y San Felices, San Julián y Capiscol y Gamonal Antigua. La línea de ayudas, que cuenta con una financiación de 352.955 euros del acuerdo marco con la Junta, permanece activa durante todo el año y se van otorgando en función de las necesidades. «Hemos visto que el importe para este año es un poco justo y se añadirán 100.000 euros más de otras partidas de la Gerencia de Servicios Sociales que no se han gastado, dado que diciembre suele ser un mes de gran demanda y para 2024 se aumentará la partida», indicó la concejala del área, Andrea Ballesteros.