Tradicionalmente las ayudas de urgente necesidad han estado vinculadas a personas vulnerables perceptoras de la renta garantizada de la ciudadanía, el ingreso mínimo vital o prestaciones no contributivas. Sin embargo, desde las administraciones locales se pidió a la Junta de Castilla y León la posibilidad de elevar los niveles de renta para que determinadas familias pudieran acceder a ellas en situaciones muy puntuales, por ejemplo cuando no pueden hacer frente a algún pago por el alza de los alquileres o de los intereses de las hipotecas. De este modo, daría un pequeño empujón para que sacarles del bache. 

Y así ha sucedido, según reconoce la concejala de Servicios Sociales en funciones, Sonia Rodríguez, en los primeros meses de 2023. «Son ayudas muy efectivas para solucionar un problema familiar puntual. El año pasado se incrementó la renta de las familias que podían acceder a ellas hasta cuatro veces el IPREM (de 13.500 euros a 35.000) y se hizo una modificación relativa a las hipotecas, a la vista del incremento del Euríbor y el problema que está suponiendo para determinadas unidades familiares», afirmó.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos concedió dos para pagar la hipoteca en 2022 y así evitar un desahucio y en lo que llevamos de este año ya han sido 7 mientras que de ayudas al alquiler se han concedido son 104 frente a 102 del mismo periodo de 2022 aunque la cuantía se ha incrementado hasta alcanzar los 105.000 euros frente a 80.000 del mismo periodo del año anterior. 

De enero a mayo se han concedido 405 ayudas de urgente necesidad por un importe de 343.408 euros frente a las 472 del mismo periodo del año pasado por un importe de 303.000 euros. Un total de 295 fueron para cubrir las necesidades básicas (comida o ropa) y el resto para vivienda (alquiler, hipoteca, facturas de luz y agua, compra de enseres). «Las ayudas, para ser efectivas, requieren de cierta cantidad de dinero para solucionar un problema puntual y salir de esa situación y evitar que el problema se enquiste», añadió.

Existe un tope de 4.043 euros que puede percibir una familia al año de ayudas de urgencia social pero nunca se alcanza. De hecho, la cuantía media se situó en 702 euros. Durante todo el año pasado se destinaron a ayudas de urgencia social 606.000 euros y en 2023 se han previsto 650.000 euros en el presupuesto para tener «un poco de margen» si surge algún imprevisto. Rodríguez recuerda que la concesión de las ayudas de urgencia social siempre va acompañadas de un informe técnico y social que las avala. Además los trabajadores sociales valoran que los receptores de las mismas sigan las recomendaciones de estos profesionales. «Se exige una colaboración por parte del que recibe la ayuda y posteriormente tienen que justificar que se ha invertido para el concepto que se ha pedido», añadió. 

La solicitud está abierta durante todo el año. Las bases se acaban de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).