Tras fracasar el primer intento para combatir la exclusión financiera en el mundo rural la provincia, nadie presentó ofertas al concurso, la Diputación vuelve a intentar que una empresa asuma el servicio de llevar dinero en efectivo, a través de un cajero móvil, a los pueblos que han sufrido desde 2015 el cierre de oficinas bancarias y de cajeros automáticos. A cambio de prestar este servicio, la institución provincial ofrece una contraprestación económica que asciende a 240.000 euros por dos años.

Esta segunda licitación se va a realizar «por procedimiento negociado», apunta Ramiro Ibáñez, diputado responsable del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios (Sajuma), quien matiza que todas la cláusulas del primer pliego son negociable, «menos las cuestiones esenciales», entre las que se encuentra la dotación económica. «No quedó desierto el concurso por una cuestión de dinero», asegura Ibáñez, quien espera que se pueda alcanzar un acuerdo con alguna de las tres empresas invitadas a negociar para llevar dinero en efectivo a 25 localidades, con parada en cada una de ellas al menos 2 veces al mes, «este mismo año», matiza. 

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