El estado de los edificios de la capital ribereña no está en consonancia con el número de expedientes de ruina que hay abiertos en el ámbito administrativo. Desde que se implantó en el Ayuntamiento de Aranda la administración electrónica hay registrados seis expedientes, dos abiertos de oficio, de los que uno está ya resuelto, y los cuatro restantes a petición de los propietarios, es decir, de parte, mientras que no hay ninguno que se haya iniciado por la denuncia del estado del inmueble.

De los dos primeros, el que está resuelto es el del edificio de la Banca Pecho, que se abrió en diciembre de 2015 y, dos años después, hubo que derribarlo de urgencia ante el riesgo de que colapsase por sí mismo. El otro expediente abierto de oficio es el de dos viviendas en La Aguilera, de las que sólo quedan las fachadas de adobe y que está en el último paso para ratificar la ruina y poder actuar sobre ellas para eliminarlas.

De los expedientes iniciados a petición de los propietarios, uno afectaba a una casa blasonada en la calle Cascajar 11, sobre la que ya se actuó antes de avanzar en la declaración de ruina para conservar sus elementos diferenciadores. En distintos puntos de su tramitación están los tres expedientes restantes. Uno afecta a una vivienda unifamiliar en la calle Santo Domingo 22, cuya estructura está tan deteriorada tras años de abandono que ya carece de tejado y otros elementos básicos. Este expediente está en fase de recogida de información para seguir tramitándolo. 

En el espacio del casco histórico están ubicados los otros dos inmuebles afectados por ruina. El menos avanzado es el que se refiere a la edificación de tres plantas que está en el número 9 de la plaza de Santa María, mientras que el inmueble de la Plaza Mayor 11 está ya pendiente de resolución. Se da la circunstancia de que ambos edificios están incluidos en el catálogo de elementos protegidos del Plan General de Ordenación Urbana.

En la Concejalía de Obras del Ayuntamiento arandino reconocen que estas cifras no reflejan el estado real de los edificios de la ciudad, sobre todo en lo que al casco histórico se refiere. «A simple vista, hay algunos que pueden ser susceptibles de abrir expediente de ruina, pero no podemos hacerlo si no lo piden los propietarios o, por el contrario, corren riesgo de derrumbarse y causar un peligro para los bienes o las personas», apunta la edil Ana María Hervás. Incluso si son los dueños los que piden la declaración de ruina, el proceso se puede dilatar varios años por lo farragoso de los trámites.

«Hay que buscar a todos los propietarios, y no sólo encontrarlos sino tenerlos identificados como propietarios, que en ocasiones no es tan sencillo porque las herencias lo complican todo; y luego los plazos son tan garantistas que pasan meses hasta que se cierra un expediente», resumen Hervás la complicada tramitación de estos asuntos. De todas formas, tranquiliza, «ahora no hay detectado ningún edificio que corra peligro de caerse».