Los principales perjudicados son los ciudadanos. Es la expresión que más repiten en estos días los procuradores y abogados de la provincia, pero el parón de la actividad judicial, provocado por las sucesivas huelgas convocadas este año, están ocasionando un agujero bastante grande en los balances de resultados de sus despachos. Al punto de que su facturación se ha reducido en torno a un 80%, una caída idéntica «a la de la pandemia», según subrayan los decanos de ambos colegios profesionales.

Y no solo eso, la merma de sus ingresos amenaza también a sus plantillas, pues tanto Elías Gutiérrez (procuradores) como Mónica Pérez Villegas (abogados) no descartan «tener que empezar a despedir en el corto plazo». No solo porque no puedan pagar a los empleados sino porque «la tarea de gestión ha bajado de tal manera que hay días en que falta trabajo». En todo caso ambos advierten de que «van a mirar a largo plazo» y, en la medida de lo posible, van a «intentar mantener a su personal». Pero no va a resultar sencillo.

La afección de las huelgas se produce sobre una 'industria', la de la Justicia, que en Burgos mueve cerca de 60 millones de euros al año, una cifra nada desdeñable, y que da trabajo de forma directa a cerca de 700 abogados ejercientes y a 75 procuradores. Cerca de 800 burgaleses a los que hay que sumar los empleados de sus despachos, un número complicado de cuantificar, puesto que el tamaño de los negocios es muy dispar y, mientras algunos disponen de plantillas incluso de hasta 10 trabajadores, hay otros que son unipersonales.

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