Los servicios veterinarios de la Junta elaborarán una guía de actuación ganadera que se enmarcada en las normas nacional y europea, un documento «necesario y perentorio», y que el Ejecutivo regional prevé editar «en breve» como primera medida aclaratoria tras la resolución que relajó las medidas y la orden del ministerio que prohibió el movimiento del ganado. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que trabajan ya en ello los funcionarios de la Consejería, y remarcó que esta guía incluirá las medidas que «se determinen por los sanitarios y permitan un mejor tratamiento hacia un sector que lo está pasando muy mal y a la vez cumpla la ley». Se trata de una guía aprobadas y validada por profesionales sanitarios y «tengan en cuenta el interés de un sector que tiene serios riesgos en un futuro inmediato».
Las medidas que se incluyan en ella, insistió, «estarán dentro de la norma». «Trabajamos en la guía sin norma jurídica», comentó Carriedo, quien aclaró que también se consensuará una próxima resolución que se «analizará tras dialogar con el sector y sí que tendrá carácter normativo». Igualmente, opinó que es «plenamente compatible cumplir la ley y garantizar la protección de la salud con dialogar y dar un futuro al sector». «Hay personas que creen que la ley es incompatible con el diálogo», se despachó, para defender la necesidad que tuvo la Consejería de aprobar la resolución en mayo, que después quedó inhábil.
Carlos Fernández Carriedo, por otra parte, eludió dar su opinión sobre si cree conveniente que la UE flexibilice las medidas de sanidad animal, algo que ayer propuso Vox en Bruselas. «Cualquier partido político tiene la potestad de presentar iniciativas en instituciones y en los parlamentos donde tiene representación y nosotros no tenemos nada que opinar como Gobierno».
Esta propuesta de Vox, presentada por los eurodiputados y firmada por el presidente del Grupo ECR, Ryszard Legutko, exige revisar la normativa actual, el conocido como reglamento 2020, para mejorar la situación de las explotaciones ganaderas en relación con dicha enfermedad, cuya normativa califica de «ineficaz» para el sector, según informa Ical.